Las Escuelas Pías responden al caso de abusos en México y respaldan la gestión de Pedro Aguado
La Orden de las Escuelas Pías ha hecho público un comunicado en el que fija su posición ante la información aparecida en prensa sobre la actuación del entonces prepósito general —hoy obispo de Huesca y Jaca, Mons. Pedro Aguado— en el caso de abusos sexuales cometidos en México por el exreligioso y exsacerdote escolapio José Miguel Flores Martínez.
La Orden expresa “profundo dolor e indignación” por los hechos, agradece la denuncia de la víctima y reafirma su política de tolerancia cero y de creación de entornos seguros.
Según el relato oficial, la primera noticia de los hechos llegó en 2019. A partir de ese momento, la Orden abrió una investigación preliminar y adoptó medidas cautelares dictadas por quien era el superior general, Pedro Aguado.
En octubre de 2019 se remitió un informe completo a la Santa Sede y, un año después, en octubre de 2020, un decreto vaticano impuso a Flores la dimisión del estado clerical, ratificando a la vez su expulsión definitiva de la Orden. El exreligioso falleció en 2022.
Reconocimiento a la víctima y autocrítica
La Orden subraya que “por encima de todo, las heridas afectan de manera más profunda y directa a la víctima” y agradece su valentía al denunciar. Asegura haber brindado acompañamiento educativo, económico y pastoral durante estos años, si bien admite con “humildad” que “nuestras respuestas y apoyos nunca serán suficientes frente a algo tan terrible” y que siempre hay margen de mejora en la atención y reparación.
El comunicado afirma que no constaba a la Curia general que el exreligioso hubiera ejercido como sacerdote tras su expulsión y laicización. Señala que conocieron por la propia víctima que en alguna ocasión pudo hacerlo, pero “después del funeral y del fallecimiento” de Flores.
Los escolapios de México reconocen que la celebración del funeral fue “una clara imprudencia pastoral”, y precisan que la Curia General no fue informada de esa decisión.
“Tolerancia cero” y refuerzo de controles
La Orden recalca que su compromiso principal es con las víctimas y la construcción de ambientes seguros en escuelas, parroquias y obras pastorales. Informa de que ha fortalecido las medidas de prevención, formación y control para evitar que situaciones así puedan repetirse, e invita a cualquier persona que haya sufrido abusos en su ámbito a utilizar su canal de escucha confidencial.
El pronunciamiento llega después de que algunos medios cuestionaran la gestión inicial del caso durante el mandato de Pedro Aguado como prepósito general. La Orden insiste en que actuó en 2019 en cuanto recibió los primeros indicios, trasladó el expediente a Roma y aplicó medidas cautelares hasta la decisión definitiva de la Santa Sede en 2020.
