Aragón carga contra el modelo de financiación de Montero y denuncia un acuerdo ''entre dos personas''

El Gobierno de Aragón ha elevado el tono contra la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda. Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en el Ministerio, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha trasladado una posición crítica que combina disposición al diálogo con un rechazo claro tanto al contenido como al método seguido para diseñar el nuevo modelo.

Bermúdez de Castro ha comenzado su intervención reconociendo el trabajo técnico realizado, aunque dejando claro desde el inicio que Aragón no comparte ni el fondo ni la forma de la propuesta. Ha recordado que la comunidad había reclamado desde hace tiempo un documento técnico inicial sobre el que poder trabajar de manera conjunta, con el objetivo de alcanzar un acuerdo global que, aun sin satisfacer plenamente a todas las partes, fuera beneficioso para los ciudadanos y garantizara la prestación de los servicios públicos.

Críticas al método de negociación

Uno de los ejes centrales del discurso del consejero aragonés ha sido la falta de un acuerdo multilateral. Según ha denunciado, el modelo no surge del consenso entre comunidades, sino de un acuerdo “entre dos personas”, en referencia al entendimiento entre el Gobierno central y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que ni siquiera forma parte de ningún ejecutivo autonómico.

Bermúdez de Castro ha subrayado que Aragón se ha enterado de los principales anuncios sobre financiación autonómica a través de ruedas de prensa de Junqueras, y no por comunicaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, un hecho que, a su juicio, evidencia un problema grave de método y de respeto institucional hacia el conjunto de comunidades autónomas.

Un modelo sin apoyos claros

El consejero ha cuestionado también la viabilidad política del planteamiento del Gobierno, al señalar que la propuesta “es tan buena que nadie la defiende”. En su intervención ha apuntado que ni siquiera los grupos políticos que sostienen al Ejecutivo central muestran un respaldo claro al modelo, lo que, en su opinión, demuestra que se trata de una reforma que “no convence a nadie” y que necesita una revisión profunda desde su planteamiento inicial.

Este rechazo generalizado, según Aragón, confirma que el problema no es puntual ni limitado a una comunidad concreta, sino estructural, y que obliga a repensar el enfoque seguido hasta ahora.

Transparencia y documentación insuficiente

Otro de los reproches formulados por el Gobierno aragonés ha sido la falta de transparencia y de información detallada. Bermúdez de Castro ha explicado que Aragón solicitó documentación previa a la reunión del CPFF, más allá de presentaciones resumidas, dada la trascendencia del sistema para las próximas dos décadas.

Sin embargo, ha denunciado que la información facilitada se limita a un documento de apenas cuatro folios, que en algunos puntos presenta contradicciones con el contenido de las presentaciones gráficas. Para el consejero, este nivel de detalle es insuficiente para evaluar un sistema que condicionará la capacidad financiera de las comunidades durante los próximos 20 o 25 años.

Aragón, dispuesta a negociar

Frente a las acusaciones de falta de voluntad negociadora por parte de las comunidades, Bermúdez de Castro ha rechazado de plano esa versión. Ha asegurado que Aragón siempre ha acudido a todas las convocatorias y ha mostrado disposición a aportar propuestas y trabajar en un nuevo modelo, negando que el Ejecutivo autonómico haya sido llamado en algún momento a una negociación real.

En ese sentido, ha reivindicado la postura de Aragón como constructiva: negociar, acordar y ayudar, pero siempre en el marco de un sistema que no otorgue privilegios a ningún territorio y que se base en un acuerdo entre todos.

Una llamada a retomar el diálogo

La intervención ha concluido con un llamamiento explícito al diálogo multilateral. El consejero ha insistido en que Aragón no aspira a imponer todas sus reivindicaciones, pero sí a participar en un proceso serio que permita alcanzar un modelo equilibrado, en el que algunas comunidades ganen algo y ninguna salga perjudicada.