El Gobierno de Aragón recurrirá ante el Supremo el decreto que autoriza plantas fotovoltaicas flotantes en embalses
El Consejo de Gobierno de Aragón ha decidido impugnar ante el Tribunal Supremo el Real Decreto del Gobierno de España que permite la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en embalses, como anunció semanas atrás. Argumenta que se omitió el trámite de consulta previa, que solo se puede saltar en normativas presupuestarias u organizativas por interés público, sin imponer obligaciones relevantes ni regular aspecto esenciales, condiciones que, según el Gobierno aragonés, no se cumplen en este caso.
También alegan vulneración de los principios de buena regulación, indicando que el Real Decreto no cumplió con los principios de necesidad, seguridad jurídica y transparencia, ya que solo se publicó la memoria de impacto normativo y el dictamen del Consejo de Estado, omitiendo otros informes obligatorios. Asimismo, señala que se ha infringido el artículo 18 de la Ley de Evaluación Ambiental, al otorgar la iniciativa de la solicitud al órgano sustantivo y no al promotor.
El Ejecutivo autonómico sostiene que esta normativa invade competencias de Aragón, como la ordenación del territorio, protección ambiental y participación en la gestión de recursos hídricos intercomunitarios. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ya anunció en julio la intención de limitar la instalación de placas fotovoltaicas en embalses en el próximo Plan Energético de Aragón.
Desde Aragón, consideran que instalar placas sobre el agua tiene un impacto medioambiental negativo y afecta al desarrollo turístico, económico y cultural, además de perjudicar a los regantes. El decreto afecta a 14 embalses en Aragón, en los que se estima esencial reservar el 100% del agua almacenada para riego prioritario, lo cual no se garantiza si estas instalaciones ocupan hasta un 15% de la superficie.
Las Cortes de Aragón, en un acuerdo del 28 de junio de 2024, recomendaron al Gobierno aragonés no autorizar plantas fotovoltaicas en embalses hasta tener el Plan Energético Aragonés 2021-2030 y el Plan de Ordenación Territorial de Energías Renovables, ambos con restricciones para estas instalaciones.
