El Gobierno recurre la derogación de la ley de Memoria Democrática en Aragón ante el TC
El Consejo de Ministros ha decidido este martes interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional en respuesta a la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática en Aragón. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha confirmado esta acción en la rueda de prensa posterior a la reunión, destacando la preocupación del Gobierno central por las implicaciones de esta derogación.
Las Cortes de Aragón aprobaron esta derogación en febrero, cumpliendo una de las condiciones del acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular (PP) y Vox. El proceso comenzó el 20 de noviembre y la decisión final contó con el respaldo de PP y Vox, la abstención del Partido Aragonés (PAR) y la oposición de PSOE, Chunta Aragonesista (CHA), Aragón-Teruel Existe, Podemos e Izquierda Unida (IU). Aragón se convirtió así en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de este tipo, seguida por la Comunitat Valenciana y Castilla y León, que ya han presentado proyectos similares.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que el Gobierno central intentó dialogar con el Ejecutivo aragonés antes de recurrir al Constitucional. "El 16 de mayo, el Gobierno de Aragón nos comunicó por escrito que rechazaba la invitación para intentar llegar a un acuerdo", ha señalado Torres.
Además, ha recordado que este miércoles se cumplía el plazo de tres meses para recurrir la decisión. "El Gobierno de Aragón no solo dice no al Gobierno de España, sino también a las Naciones Unidas, al derecho internacional y a la preservación de los derechos humanos", ha reprochado.
El Ejecutivo central argumenta que el derecho internacional público reconoce el deber de memoria y obliga al Gobierno de España a cumplirlo, algo que se vehicula a través de la ley de Memoria Democrática. Según Torres, la derogación de esta ley "incumple el deber de colaboración con el Estado en muchos aspectos", mencionando varios puntos preocupantes de esta decisión.
"Retira las placas de señalización de los campos de concentración y de los lugares de memoria; elimina del sistema educativo el reconocimiento de las víctimas; elimina el mapa de fosas, la información a las asociaciones memorialistas y la transparencia de las páginas web", enumeró Torres. El ministro ha añadido que la derogación también va en contra de los artículos 10 y 15 de la Constitución Española.
El Gobierno toma esta decisión con el aval del Consejo de Estado, y critica que la nueva norma aprobada por el gobierno de PP y Vox en Aragón elimina diversas medidas de reconocimiento y preservación de la memoria histórica, en contravención de las obligaciones internacionales y constitucionales de España.
