La DGA se verá en los tribunales por el nuevo decreto ley de reparto de menores: "Las cuentas no cuadran"
Aragón agotará todas las vías para impedir que se lleve a cabo el reparto de menores. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha asegurado que el Gobierno de Jorge Azcón continuará utilizando "todas las herramientas legales" disponibles para frenar un reparto que consideran "arbitrario e injusto" y que además "invade competencias autonómicas". El Ejecutivo autonómico ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare los criterios empleados para asignar a Aragón la acogida de 251 menores, ya que, según la DGA, los números "no cuadran por ningún lado".
Susín ha expresado su desconcierto ante el hecho de que Cataluña apenas reciba menores extranjeros no acompañados (menas). Aragón fue la única comunidad que inicialmente se negó a proporcionar información sobre los menores atendidos, aunque finalmente se vio obligada a hacerlo por orden judicial.
Uno de los reproches más destacados del Gobierno aragonés es la falta de recursos por parte del Estado. Hasta ahora, por cada menor acogido de forma voluntaria, se recibían 145 euros diarios (unos 52.925 euros al año). Sin embargo, con la dotación incluida en el reciente real decreto, y considerando los actuales baremos, la financiación apenas alcanzaría para 90 días, lo que equivale a 35,75 euros diarios, o 13.050 euros anuales.
El Ejecutivo autonómico también ha reiterado su denuncia de que la política de puertas abiertas del Gobierno central está provocando un efecto llamada que, además de poner vidas en riesgo durante la travesía marítima, está "desbordando" los sistemas de protección de las comunidades autónomas.
Además, Susín ha advertido que Aragón está recibiendo perfiles de menores que los sistemas de protección no están preparados para atender, como jóvenes que, en su opinión, deberían estar en centros de reforma y no en el sistema de protección infantil. “No se trata de menores propios de un sistema de protección ordinario”, ha afirmado la consejera, acusando al Gobierno central de fomentar el malestar social.
La titular de Bienestar Social y Failia exige que el Gobierno de España no trate mejor a unas comunidades que a otras en cuanto al reparto de menores y ha puesto el ejemplo de la cantidad de personas que llegan a Cataluña y a Ceuta respecto al total de su población. Además, exige más medios y mecanismos para que su situación en estos centros sea la más controlada posible.
