El menor que presuntamente provocó el incendio en Teruel está tutelado por la Generaliat de Cataluña

Aragón reclamará a Cataluña el coste de la reparación de los daños ocasionados en el centro, una vez estos sean valorados, así como el importe de la responsabilidad civil
Incendio en el centro de Teruel
Incendio en el centro de Teruel

El incendio que se produjo en la planta baja del centro destinado a menores extranjeros no acompañados, situado en la calle Comadre de Teruel, fue presuntamente intencionado. Así lo ha determinado la investigación policial, que concluye que uno de los residentes podría haber sido el responsable del fuego.

Actualmente, el fiscal del caso ha dictado medidas cautelares de internamiento en régimen cerrado para el menor, hasta la celebración del juicio. Una vez haya sentencia firme, el Gobierno de Aragón solicitará su traslado a Lérida, dado que la tutela del menor corresponde al Gobierno catalán, pese a que el joven se trasladó por voluntad propia a Teruel el pasado mes de mayo.

Tras su llegada, el Gobierno aragonés pidió al servicio de menores de Lérida, dependiente de la Generalidad de Cataluña, que recogiera al menor para trasladarlo a su comunidad, pero este se negó a hacerlo. El joven es el presunto causante del incendio.

Además, Aragón reclamará a Cataluña el coste de la reparación de los daños ocasionados en el centro, una vez estos sean valorados, así como el importe de la responsabilidad civil, en caso de confirmarse su culpabilidad mediante sentencia.

El Ejecutivo aragonés denuncia que el Gobierno de España está colapsando los sistemas de protección de menores de las comunidades autónomas, los cuales están dejando de ser espacios de protección para convertirse en sistemas de reforma, sin contar con las herramientas ni personal cualificado necesarios para gestionarlos adecuadamente.

Los educadores sociales trabajan para proteger a menores en situación de vulnerabilidad, pero este tipo de casos supera sus capacidades y competencias.

Para el Gobierno regional, el bienestar del menor debe seguir siendo la prioridad. Por ello, medidas firmes como esta son imprescindibles para proteger a la mayoría de los menores que sí desean integrarse en la sociedad.

 

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