El PP exige poner fin al "tasazo" de basuras de Sánchez: "Castiga a los vecinos"
El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha criticado este martes el “tasazo” de basuras del Gobierno central, una medida que ha calificado de “recaudatoria, injusta y contraria a la autonomía municipal” porque “castiga a los vecinos y asfixia a los ayuntamientos”.
Celma ha señalado que “esta tasa socialista de basuras no la imponen los ayuntamientos, la impone Sánchez”, y que los municipios están obligados a trasladarla a los vecinos.
El dirigente popular ha advertido que es “un problema que afecta al conjunto de Aragón”, ya que el Ejecutivo estatal “obliga a los municipios a ejercer una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos, utilizando a los consistorios como escudo político”.
También ha criticado la falta de coherencia del PSOE en Zaragoza y Aragón, afirmando que “además de seguir aumentando la presión sobre los ciudadanos, los grupos socialistas en los ayuntamientos se desentienden o incluso dicen que no apoyan una tasa que ha impuesto su propio Gobierno”, lo que ha calificado de “contradicción absoluta”.
“Nos obliga la ley”
Celma ha insistido en que el PP “denuncia una situación que va en contra de la autonomía municipal y de las competencias locales” y que los ayuntamientos no tienen otra alternativa que aplicar la ley.
Ha subrayado que “este nuevo impuesto lo impone Sánchez, no los ayuntamientos, y la recaudación va al Estado, no a los municipios”, acusando al Gobierno de “utilizar a los ayuntamientos como recaudadores”.
El presidente del PP de Zaragoza ha reiterado que el partido está en contra de esta tasa de basuras y que su compromiso es eliminarla cuando llegue al Gobierno, aunque actualmente están obligados a aprobarla en los plenos porque la ley lo exige.
Celma ha destacado el trabajo del Ayuntamiento de Caspe, que ha aumentado el turismo en un 55%, ha impulsado iniciativas en el sector agroalimentario y ha avanzado en la protección del patrimonio cultural y la jota.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, obliga a todos los ayuntamientos de España a establecer una tasa que cubra el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
Antes de esta norma, los municipios podían decidir libremente cómo financiar el servicio, mediante tasas, fondos propios o subvenciones. Sin embargo, la ley elimina esa autonomía y convierte un tributo local opcional en una obligación estatal, según el PP.
El partido ha advertido que “millones de familias y pequeños negocios verán incrementado el recibo de basuras”, sin que los ayuntamientos puedan aplicar bonificaciones o ayudas, y que la recaudación se destina al Estado y no a los municipios, lo que consideran “una intromisión en la autonomía local y una carga injusta para los ciudadanos”.
El Gobierno justifica la medida como una exigencia europea, pero el PP sostiene que la Comisión Europea aclaró en diciembre de 2024 que la Directiva (UE) 2018/851 no obliga a imponer una tasa que cubra el 100% del coste del servicio, por lo que “no es una obligación europea, sino una decisión política del Gobierno de Sánchez”.
Por esta razón, el PP ha presentado en el Senado una proposición de ley para eliminar la obligatoriedad de esta tasa, defendiendo que la financiación del servicio de residuos debe garantizarse sin castigar a las familias ni limitar la autonomía municipal.
