La prestación de 200 euros por hijo que pueden cobrar todos: cuándo solicitarla en Aragón
La crianza de un hijo en España supone un esfuerzo económico constante que muchas familias afrontan con dificultades, especialmente en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida. En este escenario, el anuncio de una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años ha situado el foco en una medida que, de salir adelante, podría beneficiar a miles de hogares en Aragón y en el conjunto del país.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana varias iniciativas enmarcadas en la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, un documento que recoge 100 metas a alcanzar en los próximos años. Entre ellas destaca la creación de una prestación universal por crianza impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy.
La propuesta contempla una ayuda de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años, lo que equivale a 2.400 euros anuales por menor. El planteamiento del Ejecutivo es que tenga carácter universal, al igual que la sanidad o la educación pública, de modo que todas las familias con hijos a su cargo puedan percibirla sin que exista un límite de ingresos. Es decir, no estaría condicionada al nivel de renta, sino al hecho de tener hijos menores y cumplir los requisitos administrativos.
Desde el Gobierno se señala que el objetivo principal es reducir la pobreza infantil y la desigualdad, además de “incrementar la renta de los hogares con menos ingresos”. Aunque la prestación tendría un alcance general, el Ejecutivo subraya que su impacto sería especialmente relevante en las familias más vulnerables.
No obstante, la medida aún no está en vigor. Su aprobación definitiva dependerá del Parlamento, que deberá debatir y dar luz verde a la iniciativa para que pueda ponerse en marcha. El Ministerio de Derechos Sociales había previsto incluirla en los Presupuestos Generales del Estado, pero ante la falta de acuerdo para aprobarlos el año pasado y la incertidumbre sobre los de este ejercicio, el departamento ha optado por vincularla a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy defendió que integrar la prestación dentro de la Estrategia le otorga el estatus de objetivo político prioritario. El ministro expresó su confianza en que el proyecto de Presupuestos pueda salir adelante “cuanto antes” y aseguró que el impacto de la ayuda “será altísimo”.
¿Quiénes podrán solicitarla en Aragón?
En caso de que la prestación sea finalmente aprobada por el Parlamento, podrán solicitarla las familias con hijos menores de 18 años que cuenten con residencia legal en España y estén empadronadas. En Aragón, como en el resto del país, será necesario acreditar esta situación administrativa.
La documentación prevista incluye el libro de familia, el certificado de empadronamiento y los DNI o NIE de los padres o tutores legales. Además, el Ministerio ha señalado que la ayuda será compatible con otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital o determinadas subvenciones de la Seguridad Social.
Por el momento, no se ha concretado una fecha para iniciar las solicitudes, ya que la medida depende de su tramitación parlamentaria. Hasta que no sea aprobada de forma definitiva, no podrá abrirse el plazo para pedirla en comunidades como Aragón.
Otras medidas aprobadas
Junto a la prestación por crianza, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo marco para limitar los precios en situaciones de emergencia. Según lo anunciado, en caso de catástrofe o crisis, el Ejecutivo podrá impedir subidas en bienes y servicios esenciales, fijando como máximo el nivel más alto alcanzado en los últimos treinta días. El objetivo, explican desde el Gobierno, es proteger a los consumidores ante posibles abusos tras situaciones excepcionales.
Asimismo, se ha presentado un anteproyecto de ley para restringir la gestión privada de los centros sanitarios públicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que la iniciativa busca blindar el sistema público frente a procesos de privatización. Sus declaraciones provocaron la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que la propuesta “no va a salir adelante” y acusó al Ejecutivo de “amenazar, mentir e imponer su modelo”. García replicó negando esas acusaciones y afirmó que el objetivo es reforzar la sanidad pública.
