Los sindicatos convocan una manifestación a las puertas del Congreso en apoyo a la reducción de jornada

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han anunciado movilización en defensa de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para este miércoles 10 de septiembre en todos los municipios y comunidades autónomas de España, con el objetivo de que "los diputados, a la hora de votar, reciban ese calor".

Así lo han comunicado en una rueda de prensa conjunta, en respuesta al debate y votación que este miércoles tendrá lugar en el Pleno del Congreso sobre las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Se trata de un examen parlamentario crucial, ya que PSOE y Sumar no cuentan con mayoría suficiente, y queda pendiente de si Junts levanta la barrera y de la ausencia o no de diputados, incluyendo al exministro socialista José Luis Ábalos.

Aunque son tres textos distintos, solo habrá una única votación, dado que PP, Vox y Junts coinciden en pedir la devolución del proyecto al Ejecutivo. En conjunto, las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 diputados, suficiente para tumbar el proyecto estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

En cuanto a las movilizaciones, los sindicalistas han señalado que ambos sindicatos aún están trabajando en la organización, pues el calendario de votación “no estaba previsto”. En Madrid, la concentración tendrá lugar en la Plaza de las Cortes a las 16:00 horas, coincidiendo con la votación de las enmiendas a la totalidad, si ningún grupo retira sus propuestas.

Pepe Álvarez ha pedido a los trabajadores que “se impliquen de manera militante” para alcanzar el objetivo, destacando que la reducción a 37,5 horas semanales equivale a unos 15 días laborables menos y que casi 12 millones de trabajadores verán reducida su jornada, dependiendo de los convenios colectivos.

Por su parte, Unai Sordo ha criticado que con estas enmiendas se quiera borrar “de un plumazo” un proyecto destinado a mejorar la vida de millones de personas. Según él, algunos partidos evitan el debate porque saben que su posición es impopular, incluso entre su electorado, y prefieren una enmienda global antes que deliberar democráticamente.

El secretario general de CCOO recordó que la reducción de jornada no solo significa menos horas de trabajo en sectores como la hostelería (que suelen tener 40 horas semanales), sino que también puede suponer mejoras salariales en sectores como la seguridad privada, donde la medida implicaría un incremento del 7%.

Ambos dirigentes sindicales han hecho un llamamiento a los grupos políticos para retirar las enmiendas a la totalidad y permitir la tramitación del proyecto, planteando sus propuestas durante el debate parlamentario. Si las enmiendas prosperan, exigirán un nuevo proyecto de ley y una reglamentación del control horario, asegurando que no renunciarán a la medida y que la presentarán “las veces que haga falta, con o sin el Gobierno”.

“Esto va a ser como una pesadilla”, advirtió Álvarez, asegurando que si la ley se bloquea, los sindicatos perseguirán a los partidos durante toda la legislatura e intensificarán las movilizaciones para que nadie pueda evitar dar explicaciones. Además, recordó que la reducción de jornada es una medida popular: el 75% de los ciudadanos la apoyan, y en Cataluña, el 83%.

En este sentido, pidió a los grupos parlamentarios que “no hurten el debate” a la sociedad española, explicando que no se trata de aprobar ya la reforma, sino de permitir que se inicie el proceso parlamentario, con enmiendas y un debate transparente.

Sordo, por su parte, acusó a PP, Vox y Junts de cometer “fraude democrático” al bloquear un proyecto que forma parte de un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, y denunció que supone un desprecio al diálogo social y al marco constitucional.

También reiteró que no es cierto que haya sectores que no puedan asumir la reducción, citando como ejemplo el comercio, donde en algunas provincias ya se aplica. Para él, las patronales deben dar un paso adelante, porque si la economía mejora, serán ellas mismas quienes se vean obligadas a incrementar salarios y reducir jornadas para adaptarse a un futuro con posible pleno empleo.

En cuanto a la posición de Junts, los líderes sindicales la calificaron de “ideas económicas viejunas”, basadas en el temor a que subidas salariales o reducciones de jornada amenacen a las empresas, pese a que la realidad ya ha demostrado lo contrario.

Finalmente, Álvarez recalcó que esta medida no es un ataque al Gobierno ni un simple titular, sino una política destinada a mejorar la vida de los trabajadores, del mismo modo que ocurrió con el debate sobre el “decreto ómnibus”.