El agujero fiscal del IRPF: hasta 51.000 millones que no llegan a las arcas públicas
El Estado deja de ingresar cada año una cantidad de dinero que rivaliza con algunas de las grandes partidas del gasto público. En 2022, entre 21.000 y 51.000 millones de euros procedentes de rentas no declaradas en el IRPF escaparon al control fiscal, según un estudio publicado este lunes por Fedea. La cifra equivale a entre el 19% y el 47% de todo lo que recauda este impuesto y a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB.
El informe, elaborado por Jaime Vallés y Anabel Zárate, investigadores de la Universidad de Zaragoza, analiza dos décadas de datos, entre 2003 y 2022, y pone cifras a una realidad persistente: la brecha fiscal del IRPF sigue siendo elevada, pese a los avances registrados en el cumplimiento tributario.
Qué es la brecha fiscal y por qué no es solo fraude
Los autores definen la brecha fiscal como la diferencia entre la renta real de los hogares y la que finalmente se declara en el IRPF en las 15 comunidades autónomas de régimen común. No todo ese desfase es fraude en sentido estricto. Incluye también elusión fiscal, diferencias estadísticas entre fuentes y problemas de trazabilidad, por lo que debe interpretarse como un límite superior del fraude potencial, y no confundirse con la economía sumergida.
Aun así, el impacto recaudatorio es muy significativo. El estudio calcula que, en términos brutos, el coste de esta brecha alcanza hasta 51.000 millones de euros anuales.
Tras el control fiscal, el agujero sigue siendo millonario
Incluso descontando los casi 10.000 millones de euros recuperados en 2022 mediante actuaciones de la Agencia Tributaria, el coste neto de las rentas no declaradas se situó entre 11.300 y 41.300 millones de euros, lo que representa hasta el 3% del PIB.
El reparto por tipos de renta es desigual. Las rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario concentran la mayor parte de la pérdida recaudatoria, mientras que las rentas del trabajo y del capital mobiliario presentan un peso mucho menor.
Mejora el cumplimiento, pero el volumen sigue siendo enorme
El informe constata una mejora sostenida del cumplimiento fiscal en el IRPF a lo largo de las dos últimas décadas. A comienzos de los años 2000, solo se declaraba entre el 70% y el 75% de la renta real. En los últimos años, ese porcentaje ha aumentado hasta situarse en torno al 80%-85%.
Sin embargo, la magnitud absoluta sigue siendo elevada. En 2022, la renta no declarada ascendió a casi 112.000 millones de euros, una cifra que explica por qué la brecha fiscal continúa siendo un problema estructural.
Trabajo frente a capital: dos realidades fiscales muy distintas
El grado de cumplimiento varía de forma clara según el origen de la renta.
Las rentas del trabajo alcanzan niveles de cumplimiento cercanos o superiores al 90%, gracias al sistema de retenciones en origen, que limita de forma muy eficaz la ocultación.
En cambio, las rentas no salariales —actividades económicas, capital inmobiliario y mobiliario— presentan una trazabilidad administrativa mucho menor. Aunque su cumplimiento ha mejorado, en 2022 casi la mitad de estas rentas seguía sin declararse, concentrando buena parte del problema fiscal.
Todas las comunidades mejoran, pero no al mismo ritmo
El análisis territorial muestra una mejora generalizada del cumplimiento fiscal en todas las comunidades autónomas, junto con una reducción de las diferencias regionales. Las mejoras más intensas se registran en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que los avances han sido más moderados en Asturias y Aragón.
Por tipo de renta, el cumplimiento de las rentas del trabajo mejora en todas las regiones, favoreciendo una clara convergencia territorial. Sin embargo, en las rentas distintas del trabajo la evolución es mucho más desigual: comunidades como Madrid muestran avances muy significativos, mientras que Murcia o Asturias apenas progresan, dando lugar a un mapa fiscal más polarizado que hace veinte años.
Un problema de equidad y sostenibilidad
Los autores advierten de que la brecha fiscal no es solo un problema de recaudación. Tiene consecuencias directas sobre la equidad, al generar desigualdad entre quienes cumplen y quienes no, y sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que puede obligar a elevar la presión fiscal sobre los contribuyentes más cumplidores.
En este contexto, recuerdan que otros países elaboran estimaciones oficiales periódicas de la brecha fiscal para orientar sus políticas de control. En España, sin embargo, no existen cálculos oficiales sistemáticos, lo que dificulta evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.
Un volumen comparable a grandes partidas del gasto público
El estudio concluye con una advertencia clara: incluso en el escenario más conservador, con una pérdida neta de 11.300 millones de euros, la brecha fiscal del IRPF supone un volumen de recursos equiparable al de algunas de las principales políticas públicas.
Un agujero invisible que, año tras año, sigue condicionando la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales y que refuerza la necesidad de abordar el problema del incumplimiento fiscal con mayor profundidad y transparencia.
