Yolanda Díaz anuncia que prohibirá los despidos por causas energéticas: "No hay que despedir a nadie"
El Gobierno prepara un paquete de medidas de emergencia económica y social para frenar el impacto del alza del petróleo provocada por el conflicto en Oriente Próximo. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció este jueves que entre esas medidas figurará "probablemente" la prohibición de despedir por causas energéticas, un mecanismo ya utilizado en crisis anteriores. Las medidas llegarán al Consejo de Ministros de la próxima semana y entrarán en vigor con su publicación en el BOE.
ERTE y Mecanismo RED, disponibles desde ya
Díaz quiso lanzar un mensaje de calma tanto a trabajadores como a empresas. "Quiero mandar un mensaje a las empresas: no hay que despedir a nadie", afirmó en declaraciones a TVE. La ministra recordó que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y el Mecanismo RED —diseñado precisamente para situaciones de crisis cíclicas o sectoriales— ya están en vigor y pueden activarse de inmediato.
Para Aragón, una comunidad con un tejido industrial y logístico relevante a lo largo del corredor del Ebro, esta posibilidad cobra especial importancia: empresas de transporte, distribución, manufactura y agricultura son especialmente vulnerables a las subidas del precio del carburante y la energía.
"Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para acompañar a las empresas y que no tengan que despedir a nadie", insistió Díaz, que dirigió su mensaje también a autónomos, un colectivo numeroso en Aragón y muy expuesto al encarecimiento del gasoil.
Alquileres, desahucios y combustible, en el centro del paquete
Más allá del mercado laboral, el Gobierno trabaja en paralelo en otras líneas de actuación. El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está preparando medidas para la congelación de alquileres y la paralización de desahucios, según confirmó Díaz. En Zaragoza, donde la presión sobre el mercado del alquiler lleva meses siendo motivo de preocupación en barrios como Delicias, Las Fuentes o el Casco Histórico, esta medida podría aliviar a miles de familias que ya destinan una parte considerable de sus ingresos a la vivienda.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda estudia intervenir en la fiscalidad del gasoil y la gasolina para reducir costes tanto a los sectores productivos más afectados como a las familias. El precio del carburante, que Díaz calificó de "imposible", golpea con especial dureza a quienes dependen del coche para trabajar —una realidad cotidiana en buena parte del territorio aragonés, donde las alternativas de transporte público son limitadas fuera de la capital.
Movilidad colectiva, otra de las apuestas
El Ejecutivo también quiere adelantar los planes de movilidad contemplados en la futura Ley de Movilidad Sostenible —aún sin aprobar— para fomentar el transporte colectivo en las empresas, especialmente en las de mayor tamaño. "Para que los transportes sean colectivos en las empresas o por lo menos en las empresas grandes", explicó la ministra.
Díaz fue clara sobre los tiempos: "Ya en el próximo Consejo tomaremos algunas medidas", avanzó, añadiendo que la respuesta del Gobierno será "calmada, exhaustiva, casi diaria". Las medidas aprobadas entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La única nota discordante en el anuncio llegó con la congelación de alquileres: la propia Díaz reconoció que existen discrepancias entre PSOE y Sumar sobre esta cuestión, lo que podría retrasar o matizar su aplicación final.
