El impuesto al gasóleo sigue siendo la duda en la previsión de 1.675 millones extra para Hacienda

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que el Gobierno cuenta con distintas opciones para alcanzar el objetivo comprometido con la Comisión Europea de reducir este año los beneficios fiscales en una décima del PIB, lo que representa alrededor de 1.675 millones de euros. No obstante, señalan que algunas de las medidas con mayor capacidad recaudatoria, como la subida del impuesto al gasóleo, presentan importantes dificultades para salir adelante por falta de apoyos parlamentarios.

Según el análisis de Gestha, la primera de las vías posibles para cumplir con los requerimientos europeos consiste en revertir parcialmente las rebajas fiscales adoptadas en los últimos años. De hecho, durante el primer semestre del año, el Estado ha logrado recuperar 2.960 millones de euros gracias, principalmente, al fin de algunas de esas reducciones. Entre ellas destacan la reversión de las rebajas fiscales sobre la energía (1.503 millones), el restablecimiento del IVA en determinados alimentos (alrededor de 850 millones) y el incremento en los impuestos aplicados al tabaco. A esto se suma la creación de un nuevo Impuesto sobre los Líquidos para cigarrillos electrónicos, en vigor desde el 1 de abril, que ha aportado cerca de 157 millones adicionales.

Una segunda opción contemplada por Gestha sería el incremento del impuesto especial sobre el gasóleo, una medida que permitiría equiparar su fiscalidad con la de la gasolina, tal como ocurre ya en numerosos países de la Unión Europea. En concreto, el impuesto podría elevarse hasta un máximo de 11,33 céntimos de euro por litro (IVA incluido), lo que supondría una recaudación adicional de hasta 1.162 millones de euros anuales. Esta modificación ha sido solicitada reiteradamente por la Comisión Europea, aunque su aplicación se ha pospuesto en varias ocasiones desde 2021 por falta de consenso político. La última vez que se intentó introducir esta medida fue en noviembre del pasado año, cuando fue excluida del paquete fiscal presentado al Congreso ante la ausencia de apoyos suficientes.

En relación con esta cuestión, Gestha recuerda que parte del quinto desembolso del Plan de Recuperación —por un total de más de 23.000 millones de euros— ha quedado en suspenso. Concretamente, 460 millones siguen pendientes de pago a la espera de que se apruebe la modificación del impuesto al gasóleo, uno de los dos hitos comprometidos por España que aún no se han materializado.

Como tercera vía, los técnicos señalan dos proposiciones de ley actualmente en trámite parlamentario, impulsadas por el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya, que plantean cambios estructurales en la fiscalidad. Entre ellas, se incluye la aplicación del IVA a los pisos turísticos, así como la introducción de un nuevo tipo en el Impuesto de Sociedades para las socimis —sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria— que no destinen una parte significativa de sus viviendas al alquiler a precios asequibles.

A pesar de su potencial, estas iniciativas legislativas difícilmente podrían entrar en vigor en 2025 debido al avanzado estado del calendario parlamentario. En el mejor de los casos, su aplicación se produciría a partir de 2026, lo que limita su utilidad inmediata para alcanzar los objetivos exigidos por Bruselas en el presente ejercicio.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha señalado que “el Gobierno tiene varias alternativas para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, algunas medidas consensuadas en el ámbito europeo que, de aprobarse, reforzarían la recaudación de forma eficaz e inmediata para consolidar las cuentas públicas y aumentar de manera sostenible el gasto público en políticas de refuerzo del Estado del bienestar”.