Aragón verá condonada una deuda de 2.124 millones en el plan estatal de alivio autonómico
La Comunidad ocupará la novena posición en el reparto diseñado por Hacienda, que condonará hasta 83.252 millones a las autonomías del régimen común.
Aragón se beneficiará de la condonación de 2.124 millones de euros de deuda autonómica gracias al plan que el Gobierno central aprobará “en breve” en el Consejo de Ministros. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Hacienda, supondrá la asunción por parte del Estado de hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades del régimen común, con el objetivo de aliviar las cuentas regionales y facilitar su capacidad de inversión en los próximos años.
Según el reparto planteado, Aragón se sitúa en la novena posición entre las autonomías más beneficiadas, lejos de las cifras de Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104 millones), que acapararán en conjunto más del 43% de la deuda condonada. La tercera región con mayor beneficio será la Comunidad Valenciana (11.210 millones), seguida de Madrid (8.644 millones), Galicia (4.010 millones), Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones) y Canarias (3.259 millones). Tras Aragón aparecen Baleares (1.741 millones), Extremadura (1.718 millones), Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
El Ministerio de Hacienda ha explicado que el cálculo se ha realizado en tres fases. La primera, sobre el diferencial de endeudamiento de cada comunidad entre 2009 y 2013 frente al registrado entre 2019 y 2023, lo que arroja una condonación media del 19% de la deuda vigente a finales de 2023. En la segunda fase se corrige el reparto para compensar a los territorios por debajo de esa media y, en la tercera, se aplican ajustes de equidad que elevan la condonación en función del endeudamiento per cápita y de la capacidad normativa en el IRPF ejercida en el periodo 2010-2022.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que este mecanismo busca corregir desequilibrios territoriales y garantizar un trato homogéneo. “Intentamos evitar el sentimiento de agravio entre comunidades, dotando de mayor justicia y proporcionalidad a los cálculos”, señaló al presentar la metodología.
Debate político abierto
La medida llega después del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para condonar parte de la deuda catalana, lo que generó críticas de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha calificado la iniciativa de “injusta”, señalando que supondrá un coste de 483 euros por madrileño, y ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la condonación parcial a Cataluña por considerar que “vulnera el principio de igualdad”.
El Gobierno central, sin embargo, insiste en que la medida será extensiva a todas las comunidades del régimen común, siempre que sus gobiernos autonómicos decidan acogerse formalmente al mecanismo. Euskadi y Navarra quedan excluidas por su régimen foral, aunque ambas han reclamado una compensación equivalente.
En Aragón, el Ejecutivo autonómico tendrá que decidir si se acoge a esta posibilidad. Los 2.124 millones condonados supondrían una reducción significativa de la deuda, lo que podría liberar recursos para inversiones en áreas prioritarias como sanidad, educación o servicios sociales, además de mejorar la sostenibilidad financiera a medio plazo.
Tramitación y futuro
La intención del Gobierno es aprobar el anteproyecto de ley tras el verano y enviarlo a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. No obstante, el Ejecutivo no tiene asegurados todos los apoyos, ya que formaciones como Junts han expresado dudas y críticas por la extensión de la medida a todas las comunidades, restando así excepcionalidad al caso catalán.
De prosperar, el plan podría suponer uno de los mayores alivios financieros de los últimos años para Aragón y el resto de autonomías. Sin embargo, los analistas advierten de que la deuda condonada no desaparece, sino que pasa a formar parte del endeudamiento del Estado, que en última instancia sufragan todos los contribuyentes.
En cualquier caso, el reparto previsto por Hacienda se interpreta como una oportunidad histórica para mejorar la salud financiera de Aragón, siempre que el Gobierno autonómico decida adherirse al mecanismo y que la propuesta logre superar el complejo recorrido parlamentario que le espera en los próximos meses.
