30 céntimos menos por litro, IVA de la luz al 10% y bono social reforzado: el plan anticrisis ya es oficial tras superar el Congreso
El plan anticrisis del Gobierno para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo ya tiene el respaldo del Congreso de los Diputados. Este jueves, con 175 votos a favor, 141 abstenciones —únicamente de PP y Podemos— y el único voto en contra de Vox, el hemiciclo ha convalidado el decreto que pone en marcha 80 medidas económicas y sociales con una movilización total de 5.500 millones de euros.
El plan, que va separado del decreto en materia de vivienda, había sido aprobado la semana pasada en un Consejo de Ministros Extraordinario, pero necesitaba la convalidación parlamentaria para tener plena validez jurídica.
La abstención del PP y Podemos, dos fuerzas con posicionamientos muy distintos sobre la gestión de la crisis, ha sido suficiente para que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante el paquete. Vox fue el único grupo que votó en contra. Un resultado que refleja la dificultad de articular una oposición coordinada a medidas que, en su mayor parte, benefician directamente al bolsillo de los ciudadanos.
Combustibles: 30 céntimos menos por litro en gasolineras
El bloque de medidas que más impacto inmediato tendrá en el día a día de los ciudadanos es el que afecta a los carburantes. El IVA de la gasolina y el gasóleo se reduce del 21% al 10%, un recorte que, combinado con la bajada del impuesto especial sobre los hidrocarburos, se traduce en un ahorro aproximado de 30 céntimos por litro. Para quien llene un depósito de 60 litros, eso supone unos 18-20 euros menos en cada repostaje, una diferencia que se nota.
Más allá del conductor particular, el decreto incluye una ayuda específica de 20 céntimos por litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Un sector que había alertado en los últimos días de que los precios actuales del combustible hacían inviable la actividad en algunas rutas y explotaciones. La medida replica, en esencia, el mecanismo que ya se aplicó durante la crisis energética de 2022, aunque con un contexto geopolítico diferente.
Luz y gas: rebaja fiscal del 60% en la electricidad
En materia de energía doméstica, el decreto aprobado introduce cambios relevantes en la fiscalidad de la electricidad y el gas. El IVA de la luz se reduce del 21% al 10%, lo que combinado con la bajada del impuesto especial sobre la electricidad —del 5% al 0,5%— supone una rebaja fiscal del 60% sobre el componente impositivo de la factura. A ello se suma la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, una figura que grava directamente a las eléctricas y cuya eliminación debería contribuir a moderar el precio en el mercado mayorista.
El gas natural también se beneficia de la rebaja del IVA al 10%, una medida que se extiende igualmente a los pélets y la leña, dos fuentes de calefacción muy utilizadas en zonas rurales y en comunidades como Aragón, donde el frío invernal hace del calefactor una necesidad más que un lujo. El precio máximo de venta del butano y el propano queda congelado, evitando así subidas adicionales en los hogares que dependen de estos gases para cocinar o calentar el agua.
Para las empresas con alto consumo eléctrico, el decreto incluye una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, un colectivo que según el propio Gobierno se ahorrará unos 200 millones de euros. Una medida especialmente relevante para sectores como la siderurgia, la química o la fabricación de componentes de automoción, con presencia significativa en Aragón.
Protección social: bono reforzado y prohibición de cortes de suministro
El tercer bloque del decreto es el social. Los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico se extienden durante todo 2026, y el bono social térmico —destinado a hogares vulnerables con necesidades de calefacción— también se refuerza. Dos medidas que amplían el paraguas de protección para las familias con menos recursos en un momento en que la factura energética vuelve a presionar los presupuestos domésticos.
El decreto prohíbe también interrumpir los suministros esenciales —luz, gas, agua— en los hogares con índices de vulnerabilidad más elevados, y extiende esa prohibición de cortes a los consumidores vulnerables en general. Una medida que ya existía en versiones anteriores de la regulación pero que ahora se refuerza y amplía su alcance.
Para el ámbito laboral, el plan incluye la prohibición de despidos en las empresas que sean receptoras de ayudas públicas contempladas en el decreto, replicando una condición que ya se aplicó durante los ERTE pandémicos. Y para autónomos y empresas, el decreto introduce mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético, facilitando la renegociación de tarifas en un contexto de precios volátiles.
Con todo, el decreto sale adelante y sus medidas tienen ya plena vigencia. Los ciudadanos notarán los cambios en las próximas semanas, primero en las gasolineras y después en las facturas de la luz y el gas, cuando los nuevos tipos impositivos se reflejen en los recibos del mes de abril.
