Trabajo negocia sin la patronal dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
El Ministerio de Trabajo dio este jueves el pistoletazo de salida a una de las reformas laborales más ambiciosas y polémicas del Gobierno. A las 16.00 horas arrancó en Madrid la mesa de negociación para la llamada "democratización de las empresas", con CCOO y UGT como interlocutores y con un asiento vacío: el de la CEOE, que anunció desde el principio que no acudiría. Para los trabajadores aragoneses, la propuesta abre un debate que afectaría directamente a cómo se toman las decisiones en las empresas donde trabajan cada día.
Qué propone exactamente el Ministerio de Trabajo
La reforma que impulsa Yolanda Díaz tiene base constitucional, al menos según el Gobierno. El Ejecutivo quiere desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución Española, que prevé la participación de los trabajadores en la empresa pero que lleva décadas sin desplegarse en la práctica. La ministra ya ha anunciado que impulsará una ley específica para hacerlo efectivo.
El punto de partida es un informe elaborado por una Comisión Internacional de expertos de alto nivel, presentado a principios de febrero y llevado al Consejo de Ministros hace unas semanas. Las cifras que plantea son concretas: en empresas de entre 50 y 1.000 empleados, los trabajadores ocuparían un tercio de los puestos en el consejo de administración. En las de más de 1.000 empleados, la proporción subiría hasta la mitad de los asientos.
A eso se suma una segunda pata: la participación en la propiedad. El informe propone que las empresas estén obligadas a abrir su capital a los trabajadores en al menos un 2%, porcentaje que ascendería al 10% en las grandes corporaciones. Una fórmula que en países como Alemania, Suecia o Francia lleva décadas funcionando y que, según Díaz, convierte a España en "la anomalía" dentro del modelo europeo. "Dieciocho Estados miembros tienen fórmulas de codecisión", recordó la vicepresidenta segunda, que insiste en que dar voz a los trabajadores no es una extravagancia sino la norma en la mayoría de economías de nuestro entorno.
La CEOE, fuera de la mesa: "premisa absurda"
La patronal española no se ha mordido la lengua. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tachó de "debate absurdo" plantear la entrada de los sindicatos en los consejos de administración, y eso "con la que está cayendo", en referencia al contexto de incertidumbre económica actual.
Su organización considera que la propuesta "supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada", y defiende que choca frontalmente con el artículo 38 de la Constitución, que garantiza la libertad de empresa.
La CEOE va más lejos: sostiene que el Estatuto de los Trabajadores ya otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección, y que la reforma de Trabajo lo orilla "de forma grave". Para Garamendi, sentarse a negociar sobre esta base sería, directamente, imposible. "No puede sentarse a una mesa que parte de una premisa absurda", zanjó.
La ausencia de la patronal no es un detalle menor. En España, los grandes acuerdos laborales han partido históricamente del diálogo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Negociar sin uno de esos tres patas debilita cualquier acuerdo alcanzado y complica su aplicación posterior.
Qué significaría esto para los trabajadores aragoneses
Aragón cuenta con un tejido empresarial variado: grandes plantas industriales en el corredor del Ebro, empresas medianas del sector agroalimentario, firmas logísticas y un sector servicios que vertebra buena parte del empleo en Zaragoza, Huesca y Teruel. Muchas de esas empresas superan los 50 empleados y, de aprobarse la reforma en los términos propuestos, estarían obligadas a reservar un tercio de sus consejos de administración a representantes de los trabajadores.
En la práctica, eso cambiaría la forma en que se toman decisiones sobre cuestiones tan sensibles como reestructuraciones, inversiones, política salarial o condiciones de trabajo.
Los defensores del modelo señalan que empresas con representación obrera en sus órganos de gobierno tienden a ser más estables, con menos conflictividad laboral y mayor compromiso de la plantilla. Los críticos advierten de que puede generar rigidez en la toma de decisiones y desincentivar la inversión en empresas medianas que prefieran no crecer para no superar los umbrales que activan la obligación.
Un proceso que acaba de empezar
La reunión de este jueves es solo el primer paso de un proceso de negociación que se prevé largo. El Ministerio de Trabajo ha convocado a los sindicatos, pero la ausencia de la patronal marca ya el tono del debate. CCOO y UGT, favorables a la reforma, llegarán a la mesa con una posición constructiva, pero cualquier acuerdo que no cuente con el respaldo empresarial tendrá difícil recorrido en su aplicación real.
Yolanda Díaz, eso sí, no parece dispuesta a aparcar la propuesta. La ministra lleva meses insistiendo en que la codecisión empresarial es una asignatura pendiente de la democracia española y que la reforma llegará, con o sin el visto bueno de la CEOE. El calendario político —y la aritmética parlamentaria del Gobierno— serán, a la postre, los que decidan hasta dónde llega esta vez.
