Bebé con encefalopatía por falta de oxígeno: el caso que un juzgado archivó y ahora se reabre
La familia recuerda una madrugada de 2016 como si fuera hoy. Horas de espera, un paritorio que parecía avanzar con normalidad y, de pronto, el giro: el bebé nació en parada cardiorrespiratoria. Lo reanimaron durante unos minutos que se hicieron eternos. Sobrevivió, pero —según sostiene la acusación— aquella falta de oxígeno le dejó una herida que ya no se cerró: daño cerebral severo y una discapacidad reconocida del 91%.
Ahora, casi una década después, el caso vuelve a ponerse sobre la mesa. La Audiencia Provincial de Murcia ha reabierto la investigación por una presunta negligencia médica que había sido archivada por prescripción. Y ha fijado una fecha concreta en el calendario judicial: el próximo jueves 8 de enero, la matrona investigada tendrá que declarar.
Un archivo por prescripción… y un recurso que lo cambia todo
El procedimiento se había dado por cerrado en un juzgado de Murcia al considerar que la causa había prescrito. La familia recurrió esa decisión y la Audiencia ha aceptado reabrir el asunto. No es un detalle menor: supone volver a analizar qué ocurrió durante el parto y si se siguieron —o no— los protocolos que, según la acusación, habrían permitido detectar a tiempo el sufrimiento fetal.
En el centro de la discusión está un punto clave: la monitorización. El escrito del abogado de la familia sostiene que se retiró el control del estado del feto y que, pese a estar indicadas por las circunstancias, no se realizaron pruebas complementarias para valorar si el bebé estaba entrando en hipoxia (falta de oxígeno). Entre ellas, menciona técnicas como la determinación del pH en cuero cabelludo fetal, estimulación fetal, pulsiometría y análisis de electrocardiograma fetal.
La acusación añade otro elemento: que no se avisó al ginecólogo de guardia y que el parto habría seguido su curso sin la vigilancia necesaria hasta el momento del nacimiento.
Lo que alega la familia: hipoxia, reanimación y secuelas de por vida
El recurso describe una secuencia clínica dura. Según la versión de la familia, durante el parto el bebé habría sufrido un episodio de hipoxia que pudo detectarse si se hubieran aplicado los controles previstos. El desenlace, aseguran, fue que nació en parada cardiorrespiratoria y se le practicaron maniobras de reanimación durante 10-15 minutos.
Ese episodio, siempre según la acusación, está en el origen de un diagnóstico que condiciona toda una vida: encefalopatía hipóxico-isquémica de origen perinatal, con retraso psicomotor secundario y secuelas “gravísimas”. En 2021, al niño se le reconoció un grado de discapacidad del 91%.
La defensa: “el daño se produjo antes del nacimiento”
Frente a esa tesis, la defensa plantea un enfoque distinto y con peso jurídico: sostiene que la lesión a la integridad física se habría producido antes del nacimiento, cuando aún era feto.
En otras palabras, argumenta que el origen del daño —sea cual sea— se produjo en el “nasciturus” (el no nacido) y no en el bebé ya nacido. Y que, por tanto, la calificación penal debería moverse en otro terreno.
Es un debate que puede sonar técnico, pero tiene consecuencias muy concretas: no solo se discute si hubo imprudencia profesional, sino también cuándo, a efectos penales, empieza la protección plena como “persona” en un parto que transcurre en esa frontera temporal tan delicada.
La clave de la Audiencia: aún faltan piezas esenciales
La Audiencia, al decidir reabrir el caso, pone el foco en algo muy directo: todavía no es el momento de cerrar puertas. Argumenta que aún no ha declarado la investigada y que no se ha practicado prueba pericial sobre la posible imprudencia profesional. Es decir, faltan elementos para poder concluir si lo ocurrido encaja —o no— en un delito de imprudencia.
Por eso la causa se reactiva y se convoca la declaración del 8 de enero, un paso que suele marcar el inicio de una nueva fase procesal: escuchar a la investigada, ordenar informes, contrastar versiones y delimitar qué hechos pueden considerarse acreditados.
