Carburantes más baratos y alquileres protegidos: el paquete anticrisis por la guerra de Irán
El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes acabó con acuerdo, pero no sin antes vivir dos horas de tensión y retraso. Los ministros de Sumar se negaron inicialmente a entrar en la reunión para forzar la inclusión en el decreto anticrisis de medidas de protección para los inquilinos y control de los márgenes empresariales —dos puntos que el ala socialista del Gobierno no había previsto incluir—.
La negociación se elevó directamente a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El resultado: dos reales decretos en lugar de uno, que deberán ser convalidados por el Congreso.
El primer decreto recoge el plan anticrisis propiamente dicho, centrado en rebajas fiscales para los consumidores: bajada del IVA de los carburantes, reducciones en la luz y el gas natural y medidas de intervención de los márgenes empresariales. El segundo, arrancado por Sumar en el último momento, es específico de vivienda e incluye la prórroga de los contratos de alquiler y la protección de los inquilinos ante la escalada de precios.
Por qué Sumar forzó la crisis y qué consiguió
La ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), mostró su satisfacción en redes sociales por haber conseguido un acuerdo que "amplía el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales". El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, había avanzado el jueves que su grupo iba a trabajar como "martillo pilón" para que la medida de protección a los inquilinos entrara en el decreto.
La resistencia inicial del ala socialista era previsible. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó claro que el decreto original incluiría "únicamente aquello que tuviera consenso con los grupos parlamentarios", lo que reflejaba la preocupación del PSOE por la convalidación posterior en el Congreso, donde el Gobierno está en minoría y necesita apoyos externos.
Qué implica para los aragoneses
Las medidas aprobadas tienen impacto directo en la vida cotidiana de los aragoneses. La bajada del IVA de los carburantes afecta a todos los conductores en un momento en que el diésel ha subido más de un 11% y la gasolina casi un 7% en la última semana por el efecto de la guerra de Irán sobre el precio del petróleo. El decreto energético también contempla rebajas en luz y gas natural, dos partidas que en los hogares aragoneses pesan especialmente en los meses de invierno y primavera.
La protección a los inquilinos llega además en un momento en que el mercado del alquiler en Zaragoza acumula tensión: los precios han subido de forma sostenida en los últimos años y la presión sobre la vivienda asequible sigue siendo uno de los principales problemas económicos para las familias de renta media y baja.
Pendiente de convalidación en el Congreso
Ambos decretos tienen carácter de decreto ley, lo que significa que entran en vigor de forma inmediata pero deben ser convalidados por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Dado que el Gobierno está en minoría, esa convalidación no está garantizada y requerirá negociación con los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo.
