Fin a la 'Golden Visa': el instrumento para nacionalizar a millonarios latinos con la compra de pisos
La medida, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pone fin a los visados otorgados a no residentes en la UE a cambio de inversiones millonarias en inmuebles o activos financieros.
A partir de este jueves, las denominadas 'Golden Visa' dejarán de formar parte de la legislación española. Estos permisos especiales, aprobados en 2013 durante el mandato de Mariano Rajoy, permitían a ciudadanos extracomunitarios obtener la residencia en España si realizaban inversiones superiores a 500.000 euros en vivienda.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez llevaba tiempo con la intención de eliminar esta modalidad de visado. Ya en la legislatura pasada, el entonces ministro José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, adelantó que el Gobierno estaba revisando su continuidad. Finalmente, en abril de 2024, Sánchez anunció la supresión de este programa, una medida que se ha concretado siete meses después mediante una enmienda incluida en la ley de eficiencia del servicio público de Justicia.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, había alertado del auge de estas visas en los últimos dos años. Entre 2013 y 2023 se concedieron un total de 14.576 permisos, principalmente a inversores de Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Irán, Venezuela y México.
La reforma legislativa ha dejado sin efecto los artículos 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley 14/2013, que regulaban estas autorizaciones. No obstante, se ha establecido una disposición transitoria que permitirá mantener los derechos adquiridos por aquellos inversores y sus familias que hubieran solicitado el visado antes de la entrada en vigor de la norma.
No solo inmuebles: otras vías de acceso eliminadas
Además de la inversión en vivienda, las 'Golden Visa' también se otorgaban a quienes destinaran más de dos millones de euros a la compra de deuda pública española, más de un millón a la adquisición de acciones de empresas nacionales o depósitos bancarios, o a aquellos que impulsaran proyectos empresariales de interés general en el país.
Con esta reforma, España pone fin a un modelo de captación de inversión extranjera que, en los últimos años, había generado debate sobre su impacto en el acceso a la vivienda y la especulación inmobiliaria.
