Fin a los okupas desde hoy: los desalojos exprés ya están en vigor
Desde hoy, entra en vigor una nueva normativa que transformará el tratamiento de la okupación en España. Tras su aprobación hace unos meses, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite agilizar los desahucios exprés, una demanda recurrente del sector inmobiliario, que argumenta que la inseguridad jurídica ha sido uno de los factores que han encarecido la vivienda en los últimos años.
La medida proviene de una enmienda presentada por el PNV, la cual introduce modificaciones en el artículo 795 de la norma procesal para incluir los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda dentro del procedimiento de juicios rápidos. Esto supone que el tiempo de resolución judicial se reducirá drásticamente: en lugar de tardar entre 4 y 9 meses, los casos podrán resolverse en 15 días. Además, una vez celebrado el juicio, el juez tendrá un plazo de tres días para dictar sentencia.
Uno de los cambios más significativos es que este tipo de procesos no requerirá estudios de vulnerabilidad, ya que se considerará un delito flagrante. Esta reforma permitirá que los 'okupas' sean desalojados con mayor rapidez, al incorporarse estos delitos a la categoría de delitos menos graves, sujetos a tramitación acelerada tras la modificación del artículo 795.
En cuanto a la ejecución de los desahucios, la mecánica se mantiene: el desalojo solo se realizará una vez el juez haya emitido la orden. Sin embargo, los tiempos podrían variar dependiendo de la carga de trabajo de los tribunales. Una vez dictada la sentencia, se procederá al lanzamiento sin necesidad de evaluar la situación socioeconómica de los afectados.
La modificación legal se hizo oficial el pasado 3 de enero, con un plazo de tres meses para su aplicación, lo que significa que a partir del 3 de abril ya puede ejecutarse. Sin embargo, la normativa podría no mantenerse por mucho tiempo. Si en los próximos meses el Gobierno decide impulsar una ley orgánica que modifique o derogue esta reforma, su aplicación podría quedar sin efecto, generando un nuevo debate sobre la gestión de la okupación en el país.
