González Amador acusa al fiscal general de dictarle una "sentencia pública" antes de ser juzgado
La vista contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de un correo de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha quedado este jueves vista para sentencia en el Tribunal Supremo. En la última sesión, la acusación particular ha cargado con dureza contra el jefe del Ministerio Fiscal, al que señala directamente como responsable de vulnerar la presunción de inocencia de su cliente.
El abogado Gabriel Ramos, que ejerce la acusación en nombre de González Amador, ha reiterado ante el alto tribunal que la filtración del conocido correo del 2 de febrero de 2024 —en el que la defensa admitía en nombre de su cliente la comisión de dos delitos fiscales para alcanzar un pacto con la Fiscalía— solo pudo tener origen en el fiscal general.
Según el letrado, la difusión de ese e-mail a los medios de comunicación no solo reveló la existencia de un procedimiento penal, sino que supuso en la práctica “una sentencia pública de condena” contra González Amador antes incluso de que se iniciara formalmente la causa.
“No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se tiene una sentencia pública de condena antes de que hubiera ni siquiera un procedimiento penal, pues no había reparto de la denuncia y ya era el delincuente confeso”, ha denunciado Ramos en su informe final.
Un juicio inédito contra un fiscal general del Estado
Se trata de un juicio histórico, al ser la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. García Ortiz está siendo juzgado por un presunto delito de revelación de secretos, precisamente por la supuesta filtración de ese correo remitido por la defensa del empresario al Ministerio Fiscal.
Durante algo más de una hora de intervención —por encima del margen de 30 a 45 minutos marcado inicialmente por el presidente de la Sala—, el abogado de González Amador ha defendido que la filtración “arrasó” con la presunción de inocencia de su cliente y vulneró su derecho a la defensa.
“Moneda política” y “relato institucional”
Ramos ha ido más allá y ha enmarcado la filtración en un contexto político. En su alegato, ha denunciado que su cliente fue convertido en “moneda política del Gobierno” y que la información filtrada se integró en un “relato institucional” que se habría alimentado “día a día” desde el propio Ejecutivo.
“Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente”, ha subrayado, aludiendo a declaraciones públicas sobre el caso realizadas desde distintos ámbitos del Gobierno central.
Para la acusación, el daño no se limita al ámbito particular de González Amador, sino que alcanza a principios básicos del Estado de derecho, como la confidencialidad de las comunicaciones entre defensa y Fiscalía o la neutralidad institucional del Ministerio Público.
A la espera del fallo del Supremo
Con los informes finales de las partes ya expuestos, la Sala del Tribunal Supremo deja el asunto visto para sentencia. El fallo deberá determinar si el fiscal general del Estado incurrió en revelación de secretos al difundir —directa o indirectamente— el correo confidencial de la defensa del novio de Ayuso o si, por el contrario, su actuación se ajustó a la legalidad y al marco de transparencia informativa que defiende la Fiscalía.
