Interior podrá intervenir si una comunidad rechaza acoger a un menor migrante reubicado
El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 22 de julio un nuevo decreto que desarrolla el mecanismo para reubicar menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. La norma establece que, si una comunidad rechaza acoger a un menor asignado, los profesionales responsables del traslado podrán solicitar el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía y entregarán al menor a la entidad de destino correspondiente.
Este decreto da continuidad al Real Decreto-Ley aprobado el 18 de marzo, que introdujo modificaciones en la Ley de Extranjería con el fin de crear un marco legal para repartir de manera obligatoria a los menores entre las distintas comunidades. El objetivo es aliviar la presión que soportan territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, que actualmente acogen a miles de menores llegados en solitario a las costas españolas, especialmente Canarias, donde hay más de 5.500 jóvenes en el sistema de protección.
La nueva regulación, que no ha sufrido cambios significativos respecto al borrador que se sometió a audiencia pública, ha generado una fuerte oposición por parte de varias comunidades autónomas. Un total de once gobiernos regionales (diez de ellos liderados por el Partido Popular y Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE) han recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional. Alegan que la legislación invade competencias autonómicas, aunque han declarado públicamente que acatarán la ley si finalmente entra en vigor.
El rechazo se hizo especialmente visible en la reciente Conferencia Sectorial convocada para debatir la aplicación del mecanismo. La reunión no llegó a celebrarse por falta de quorum, después de que todas las comunidades del PP (salvo Ceuta y Canarias, donde cogobierna con el PSOE) se ausentaran, en lo que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, describió como “el colofón” de la oposición autonómica.
El texto que el Gobierno pretende aprobar fija los pasos concretos para llevar a cabo los traslados. El Ministerio Fiscal participará en el proceso cuando el menor se niegue a ser reubicado, y la comunidad autónoma de origen será la encargada de ejecutar el traslado, que se financiará con los 100 millones de euros del fondo previsto en el real decreto ley de marzo. Los movimientos serán gestionados por profesionales de la entidad pública de origen, en coordinación con sus homólogos en el territorio de destino.
La intervención de las fuerzas de seguridad está contemplada como una medida de respaldo en caso de que una comunidad se niegue a recibir al menor asignado. Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, este punto requerirá un desarrollo normativo adicional a través de grupos de trabajo que se pondrán en marcha próximamente. Además, si el menor aún no dispone de autorización de residencia en España, la Subdelegación del Gobierno deberá tramitarla con carácter preferente antes del traslado.
El Ejecutivo prevé poner en marcha los traslados a partir del 28 de agosto, siempre que se cumpla un calendario establecido que contempla la aprobación, el día 26, de otro decreto con el detalle de la capacidad de acogida ordinaria de cada autonomía. El 27 de agosto, los territorios que hayan alcanzado una ocupación de recursos tres veces superior a su capacidad podrán declarar la “contingencia migratoria”, condición necesaria para activar los traslados.
El plan del Gobierno contempla que la derivación de los aproximadamente 3.000 menores que deben salir de Canarias, Ceuta y Melilla se lleve a cabo en el plazo de un año. Sin embargo, para los menores que lleguen tras la declaración de contingencia, el traslado deberá producirse en un máximo de 15 días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. Según fuentes del Ministerio, los traslados se realizarán de forma progresiva y sin aglomeraciones de menores en los destinos.
