Podemos quiere menos carne en Mercadona, Carrefour y Lidl: esto es lo que propone y a quién afecta
Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que alerta de que el consumo de carne en España ha alcanzado niveles "totalmente insostenibles". La formación, integrada en el Grupo Mixto, llevará el debate este miércoles a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y pide a los grandes supermercados del país que desarrollen políticas activas de proteína vegetal con objetivos definidos hasta 2030.
Los números que sostienen la alarma. Según los datos que maneja el partido, en España se consumen entre 50 y 100 kilos de carne por persona al año.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que esa cifra no supere los 21 kilos. La diferencia es llamativa: los españoles consumen entre dos y cinco veces más carne de lo que los expertos sanitarios consideran saludable y sostenible.
A ese impacto sobre la salud se suma el medioambiental. Podemos recuerda que la soja es una materia prima imprescindible para la ganadería intensiva en España, y que buena parte de la que se importa procede de la Amazonia y el Cerrado brasileño, dos de las zonas con mayor riesgo de deforestación del planeta.
La cadena es directa: más consumo de carne en España implica más demanda de soja, y más soja implica más presión sobre los ecosistemas sudamericanos.
Los siete grandes en el punto de mira. La proposición señala expresamente a Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl, El Corte Inglés, Dia y Aldi como los supermercados con mayor responsabilidad en este asunto.
Según Podemos, ninguno de ellos cuenta a día de hoy con políticas robustas para acabar con la deforestación vinculada a sus cadenas de suministro de soja, ni directa ni indirecta a través de la carne que comercializan.
Las medidas que propone la formación incluyen impulsar los productos de proteína vegetal, excluir de las cadenas de suministro a operadores que contribuyan a la deforestación y cesar el abastecimiento de soja procedente de empresas que no cumplan con una fecha límite de deforestación fijada en 2020. Todo ello enmarcado en un acuerdo estatal más amplio que vaya más allá de la legislación vigente.
El debate llega en un momento en que la dieta y su impacto ambiental ocupan cada vez más espacio en la agenda política y social, con el sector cárnico español pendiente de cómo evolucionan estas presiones regulatorias en los próximos años.
