El PSOE asegura al Supremo que retiró casi 1 millón de euros de su cuenta en 7 años para pagos en metálico
El PSOE ha comunicado al magistrado del Tribunal Supremo que instruye el ‘caso Koldo’ que entre 2017 y 2024 retiró 940.388 euros de una de sus cuentas corrientes para nutrir la caja en metálico del partido con la que reembolsa gastos habituales.
La formación sostiene que ese flujo de efectivo figura en su contabilidad oficial —auditada y sometida al Tribunal de Cuentas— y que el “desfase” detectado por la UCO de la Guardia Civil se explica por gastos de la Secretaría de Organización contabilizados de forma global, sin imputación nominal a personas concretas, y que “es posible” que fueran gestionados por el exasesor ministerial Koldo García.
El detalle figura en un escrito remitido al instructor Leopoldo Puente, en la causa que indaga una presunta trama de comisiones ligadas a adjudicaciones públicas que salpica al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al entonces secretario de Organización Santos Cerdán. En su comunicación, el partido aporta un relacionado de pagos en caja como liquidación de gastos del equipo de Organización, y subraya que es la única contabilidad existente.
127.739,18 euros para la Secretaría de Organización
Según esa documentación, en el epígrafe “Secretaría de Organización” constan 127.739,18 euros abonados en efectivo en el periodo señalado. Además, se reseñan liquidaciones específicas: 19.636,97 euros vinculados a gastos de Ábalos (2017–2019), 11.291,33 a Koldo (2017–2019) y 30.797,38 a Cerdán (2017–2020).
El PSOE recalca que no se trataría de pagos a esas personas, sino de reembolsos de gastos justificados asociados a su actividad orgánica, y que la agregación contable por equipos explica por qué no aparecían en las primeras respuestas remitidas al alto tribunal.
La formación niega tajantemente la existencia de una caja B y precisa que la caja ordinaria de Ferraz solo se nutre de reintegros bancarios solicitados a su entidad financiera, transportados por una empresa especializada, contados y asentados en el libro de caja. Enfatiza, además, que en ninguna remesa se pidieron ni ingresaron billetes de 500 euros y que todos los movimientos están documentados y auditados externamente.
“Toda la información ofrecida hasta la fecha se corresponde exactamente con las anotaciones contables entregadas a auditores y al Tribunal de Cuentas”, sostiene el escrito.
La aclaración llega en un momento procesal sensible para el caso: el Supremo ha mantenido en prisión provisional a Santos Cerdán, tras apreciar “indicios nutridos y poderosos” de su papel en la supuesta trama y riesgo de destrucción de pruebas, y ha rechazado su petición de libertad. Este mismo miércoles, el alto tribunal tenía previsto interrogar al exgerente del PSOE y a una trabajadora vinculada a pagos en efectivo, a la vista de la nueva documentación aportada por la formación.
El núcleo de la controversia es doble. Por un lado, la gestión de efectivo en un partido con estructura estatal y extensa actividad orgánica: un ámbito en el que son habituales los reembolsos de gastos en desplazamientos, dietas o logística, pero que exige trazabilidad exhaustiva para disipar sospechas.
El juez Puente señala a Ábalos, Koldo y Cerdán
Por otro, el alcance penal de las pesquisas de la UCO sobre un entramado que, según los investigadores, habría canalizado comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, con Ábalos, Koldo y Cerdán en el foco del juez Puente. El PSOE insiste en que no hay irregularidades contables y que el efectivo se usó para liquidar gastos “en nombre o por cuenta del partido” de la Comisión Ejecutiva Federal.
En términos políticos, la nueva versión de Ferraz busca desactivar el relato de la oposición sobre un supuesto dinero opaco en la sede socialista. A la vez, intenta blindar la pieza contable de la causa, separándola de la investigación de presuntas mordidas. El PP ha reclamado al Supremo que el PSOE justifique el efectivo y los pagos en sobres que, según su denuncia, circularon en Ferraz, un extremo que el partido niega y que, a su juicio, queda desmentido por los asientos contables y los soportes documentales aportados.
Quedan ahora dos planos por despejar. En el jurídico, el recorrido de la instrucción en el Supremo —tras meses de revelaciones, levantamientos parciales del secreto y decisiones cautelares— determinará si hay base suficiente para abrir juicio y en qué términos.
En el contable, la consistencia del material remitido por el PSOE —con el detalle de los ingresos de caja y las liquidaciones— será examinada por el instructor, la Fiscalía y, en su caso, por el Tribunal de Cuentas si se solicitan verificaciones adicionales. Hasta entonces, la dirección socialista mantiene su postura: no existe caja B, el efectivo proviene de reintegros bancarios trazables y cada operación tiene soporte en la contabilidad oficial.
Con el caso en un punto álgido y con Cerdán aún en prisión provisional, cualquier inconsistencia o omisión en los justificantes puede tener efectos procesales y políticos.
Por eso el movimiento de Ferraz —ampliar información, explicar el criterio de imputación por equipos y detallar el circuito del efectivo— no solo aspira a convencer al juez, sino también a contener el desgaste público de un sumario que ha puesto bajo los focos a la dirección orgánica del partido en los años investigados.
