"Papeles para medio millón de migrantes ilegales": Sánchez activa una regularización extraordinaria pactada con Podemos
El Consejo de Ministros inicia este martes la tramitación de un real decreto para regularizar a extranjeros ya residentes en España: requisitos, plazos, documentos válidos y qué ocurre con órdenes de expulsión.
El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un real decreto para una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya viven en España, una medida acordada con Podemos y anunciada tras el acto ‘Regularización Ya’ en Madrid.
La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, explicó que el plan busca dar “papeles” a en torno a medio millón de personas y fijó un corte clave: podrán solicitarla quienes estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que cumplan las condiciones establecidas.
Qué cambia y por qué es relevante
El punto más inmediato —y el que más interés genera entre entidades sociales— es que la solicitud, desde su admisión a trámite, permitiría acceder a una autorización provisional de residencia que abre la puerta a trabajar legalmente y a derechos vinculados a la situación administrativa, además de suspender procedimientos de retorno u órdenes de expulsión por causas administrativas, según lo avanzado en el anuncio del acuerdo.
Requisitos y cómo se acredita la residencia
Montero detalló que, además de no tener antecedentes penales, se exigirá acreditar al menos cinco meses de residencia. Y aquí llega uno de los cambios prácticos: no solo valdrá el empadronamiento, también se aceptarán vías alternativas de prueba como documentación médica, contratos (luz, alquiler) o certificados de envío de dinero, precisamente para sortear las dificultades de acceso al padrón que denuncian ONG y colectivos.
Qué permiso se concede y qué pasa después
Si la resolución es favorable, la regularización se traduciría en una autorización de residencia por un año, con posibilidad posterior de pasar a autorizaciones ordinarias conforme al reglamento de extranjería.
Contexto político: la ILP y la vía elegida
El movimiento del Ejecutivo también se lee como un intento de desbloquear en la práctica el mandato político de la ILP por la regularización, respaldada por más de 600.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en abril de 2024, pero atascada desde entonces por falta de acuerdo parlamentario.
Además, al tramitarse como real decreto, el Gobierno evita el escenario de votación de convalidación propio de los decretos-ley y gana margen para desplegar la medida en un terreno donde el debate migratorio lleva meses tensionado.
