La verdad detrás del caso Ribera Salud: audios editados, denuncias internas y una guerra abierta por el control del relato
La empresa prepara más publicaciones de audios completos y mantiene que lo difundido esta semana es “una manipulación grave”.
El caso que ha sacudido esta semana al Hospital Universitario de Torrejón y al grupo Ribera Salud está lejos de haberse cerrado. Tras la publicación de unos audios en los que supuestamente el consejero delegado, Pablo Gallart, ordenaba elevar las listas de espera quirúrgicas reduciendo intervenciones, el directivo ha roto su silencio y ha dado un giro de guion que ha abierto un nuevo frente de incógnitas.
Gallart sostiene ahora que los fragmentos difundidos “no recogen la reunión completa”, han sido “editados” y se han presentado “fuera de contexto” con el objetivo de desacreditar su gestión. Una versión que, asegura, puede demostrar gracias al acceso al archivo íntegro de la reunión, de 1 hora y 21 minutos, y que ha empezado a difundir parcialmente.
Una grabación bajo sospecha: denuncias, ediciones y despidos previos
El propio CEO afirma que no pudo rebatir antes las acusaciones porque desconocía el contenido completo. Su acceso ha llegado, según relata, gracias a una trabajadora del hospital que acudió a la Policía para denunciar que había sido “obligada” por la anterior gerencia a grabar la reunión de manera encubierta. Ese testimonio, que Gallart define como “heroico”, apunta directamente a la antigua dirección del centro —dos responsables ya cesadas— como origen de una filtración presuntamente manipulada.
Según el máximo responsable de Ribera Salud, la pieza difundida esta semana por El País habría sido recortada para ofrecer una imagen distorsionada de sus palabras. Por ello ha difundido un audio de más de cuatro minutos y ha anunciado que un acta notarial certificará que los fragmentos que está haciendo públicos pertenecen literalmente al archivo original.
“Desconozco quién ha manipulado el contenido, si un periodista o la fuente”, afirma Gallart, que insiste en que será la Justicia quien determine responsabilidades.
El trasfondo: un modelo sanitario en permanente batalla política
Ribera Salud es uno de los conglomerados sanitarios privados con mayor presencia en la gestión pública. Su modelo ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de partidos de izquierda y sindicatos, especialmente en comunidades donde opera mediante concesiones.
Gallart denuncia que la compañía “lleva años siendo objeto de ataques políticos sin fundamento” y asegura que el Hospital de Torrejón es “uno de los mejores de la red pública madrileña”, con datos de listas de espera que —según defiende— han mejorado en los últimos meses.
Solo entre septiembre y diciembre, señala, la demora de consultas externas habría disminuido de 51 a 41 días, y la quirúrgica, de 56 a 50.
Qué dicen realmente los audios íntegros
En los fragmentos difundidos por el propio Gallart, el directivo explica a los responsables del hospital que el objetivo del grupo no es obtener beneficios inmediatos, sino garantizar la viabilidad del proyecto hasta 2039.
“El operador debe ser más eficiente que la gestión pública —se escucha—, pero no es posible que Torrejón genere beneficios a corto plazo”.
También admite que Ribera Salud ha invertido ya 120 millones y que la prioridad es “sobrevivir” manteniendo una lista de espera razonablemente inferior a la media regional, aunque con recursos limitados.
No aparece, en este extracto, ninguna instrucción explícita de reducir actividad quirúrgica para elevar demoras.
Un caso aún abierto
Gallart afirma que no busca “ganar la batalla mediática”, pero sí que su entorno conozca su versión. La empresa prepara más publicaciones de audios completos y mantiene que lo difundido esta semana es “una manipulación grave”.
Mientras tanto, la denuncia policial, los despidos previos y las contradicciones entre lo publicado y lo difundido por Ribera Salud sitúan el caso en plena fase investigadora.
La verdad definitiva dependerá ahora de los juzgados, que deberán aclarar si los audios fueron manipulados o si el grupo sanitario presionó realmente para alterar listas de espera en un hospital público.


