Solo un tercio de las ciudades españolas obligadas aplica la Zona de Bajas Emisiones
Solo 55 de las 149 ciudades obligadas a implantar Zonas de Bajas Emisiones han cumplido la normativa, un retraso que frena la movilidad eléctrica y la lucha contra la contaminación.
En España, solo 55 de los 149 municipios obligados a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han cumplido con la normativa, lo que supone apenas un 37%. El dato, recogido por Velca, fabricante español de motocicletas eléctricas, a partir de informes del RACE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), refleja una aplicación lenta y desigual que, según la compañía, está lastrando el impulso de la movilidad sostenible y eléctrica.
Una obligación que avanza a paso lento
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 y el Real Decreto 1052/2022 obligan a las ciudades de más de 50.000 habitantes a crear áreas restringidas al tráfico más contaminante, siguiendo el modelo ya implantado en Madrid o Barcelona. Sin embargo, la falta de recursos técnicos y económicos en muchos municipios, así como la resistencia política en algunos casos, está retrasando la aplicación real de las ZBE.
Velca señala que este incumplimiento “no solo frena los objetivos de sostenibilidad”, sino que además “perjudica la confianza de los ciudadanos” en las políticas públicas de movilidad.
Críticas: ayudas lentas y falta de infraestructuras
La compañía española denuncia que el retraso no se limita a las ZBE. También se extiende a la gestión de los planes de incentivos y al desarrollo de una infraestructura de recarga adaptada a las necesidades de los vehículos eléctricos, en particular motos y ciclomotores.
“Más de un millón de motos circulan en España sin etiqueta ambiental. Parece que las preocupaciones solo se centran en los coches, pero hay un enorme desconocimiento sobre el etiquetado en las dos ruedas”, ha advertido el consejero delegado de Velca, Emilio Froján.
El directivo insiste en que “acelerar la electrificación requiere decisión política” y que es necesario crear “un clima de confianza, información y facilidades para el ciudadano”.
El atasco del Plan Moves III
El Plan Moves III, principal herramienta estatal para incentivar la compra de vehículos eléctricos, también está en el punto de mira. Según Velca, los solicitantes tienen que esperar una media de dos años para recibir las ayudas, lo que “desincentiva la compra y ralentiza el proceso de electrificación”.
Además, diez comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias o Canarias, “siguen sin activar” el plan, lo que supone un bloqueo para miles de potenciales beneficiarios. En las regiones que sí han publicado sus convocatorias, como Madrid, los fondos se agotaron en apenas semanas, dejando a numerosos ciudadanos en lista de espera.
La moto eléctrica, la gran olvidada
Velca recuerda que, en el debate público, la movilidad eléctrica se ha centrado casi exclusivamente en los turismos, dejando de lado a las motocicletas y ciclomotores. Sin embargo, este sector representa una parte fundamental de la movilidad urbana, sobre todo en grandes ciudades y áreas metropolitanas, y puede ser clave para reducir la contaminación.
Por eso, la compañía insiste en la necesidad de impulsar políticas específicas para las dos ruedas, como bonificaciones fiscales, incentivos más rápidos y la creación de puntos de recarga pensados para motos.
Una propuesta: enchufes de 220V en calles y garajes
Entre las medidas que plantea la empresa se encuentra el fomento de una red de recarga sencilla y de bajo coste. En concreto, proponen aumentar la instalación de enchufes domésticos de 220V en calles, garajes y viviendas, lo que permitiría cargar ciclomotores y motos eléctricas en pocas horas y con una mínima inversión en infraestructura.
Según Velca, esta solución práctica contribuiría a normalizar el uso de las motos eléctricas, favoreciendo la transición energética y ofreciendo alternativas accesibles para los ciudadanos.
