El traspaso de inmigración a Cataluña decae con el 'no' de los socios de Sánchez y PP y Vox
El Pleno del Congreso rechazó este martes la admisión a trámite de la proposición de ley impulsada por PSOE y Junts para delegar competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. La iniciativa cayó por un estrecho margen —177 votos en contra frente a 173 a favor, sin abstenciones—, en una votación que fracturó a la izquierda y alineó al bloque conservador.
A los votos contrarios de PP, Vox y UPN, ya esperados, se sumaron los de Podemos y dos diputados de Sumar: Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), decisivos para inclinar la balanza contra el texto. Apoyaron la toma en consideración el PSOE, Sumar (salvo los dos mencionados), y los socios nacionalistas e independentistas ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, además del exministro socialista José Luis Ábalos.
Cruce de reproches en la izquierda
Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez defendió el no del partido: “Podemos nunca va a estar ahí”, afirmó, en referencia a lo que considera una “carrera electoral entre Junts y Aliança Catalana”. “No vamos a permitir que las personas racializadas lo paguen”, añadió, acusando a la propuesta de asumir a los migrantes como culpables de problemas sociales.
La réplica de Junts llegó por boca de su portavoz, Míriam Nogueras, que arremetió contra sus antiguos aliados: la izquierda, dijo, es “igual de anticatalana que la derecha” y “la extrema España”. Para Junts, el debate trasciende el contenido técnico y “no va de políticas públicas concretas, sino de autogobierno”.
El PSOE invoca el 150.2 y la oposición habla de “peajes”
El PSOE, a través del diputado José Zaragoza, defendió la constitucionalidad del planteamiento, amparándolo en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar funciones del Estado a las comunidades. Subrayó que no se trataba de una transferencia plena de la competencia, sino de delegación para mejorar la eficiencia en la gestión migratoria en Cataluña.
Por su parte, PP y Vox denunciaron la propuesta como otro “peaje” de Pedro Sánchez para sostenerse en La Moncloa. Los populares la presentaron como una cesión inaceptable de atribuciones estatales sensibles —control de fronteras, autorizaciones y régimen sancionador—, mientras que Vox habló de un intento de “trocear la soberanía”.
Qué se votaba y qué viene ahora
La toma en consideración era el primer trámite para iniciar el recorrido parlamentario de una ley de delegación competencial en materia migratoria. Al decaer, la iniciativa no seguirá su curso, salvo que los grupos registren un nuevo texto o busquen vías alternativas (proposiciones, enmiendas en otras leyes o acuerdos bilaterales en conferencias sectoriales) para reforzar la participación autonómica en la gestión.
La votación deja varias conclusiones políticas: evidencia tensiones en la izquierda sobre el encaje territorial de la inmigración; refuerza a Junts en su relato de más autogobierno frente a un PSOE que pretendía agrupar apoyos en su bloque; y permite al PP y a Vox rearmar su discurso contra lo que consideran concesiones del Ejecutivo.
En el corto plazo, el Gobierno mantiene el marco estatal de la política migratoria y deberá gestionar la coordinación con Cataluña con los instrumentos vigentes, en un contexto de presión política y social sobre acogida, reparto y recursos.
