El Tribunal Supremo investiga las obras adjudicadas en las carreteras de Teruel en el 'caso Koldo'
La investigación se centra en contratos que la UCO señaló en su informe del 5 de junio, con adjudicaciones presuntamente vinculadas a Acciona Construcción, OPR y Levantina Ingeniería y Construcción.
El magistrado Leopoldo Puente, instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, ha solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe exhaustivo sobre varias adjudicaciones de Adif y de la Dirección General de Carreteras que figuran en la causa por presuntos amaños de concursos públicos a cambio de comisiones.
La petición se formaliza en una providencia dictada este martes, tras la incorporación al procedimiento de documentación remitida por ambos organismos y a instancias del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Según la resolución, el instructor requiere a la IGAE un análisis “sobre los diferentes expedientes de contratación, el procedimiento de adjudicación de los contratos y su ejecución, incluyendo las modificaciones” que se hubieran introducido. Puente considera “evidente la pertinencia” de la diligencia solicitada por Anticorrupción y, por ello, estima “innecesaria cualquier justificación adicional” sobre su conveniencia. Para facilitar el trabajo pericial, el Supremo remitirá copia de la documentación aportada por Adif y Carreteras.
Las adjudicaciones bajo la lupa
La investigación se centra en contratos señalados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe de 5 de junio, que apuntaba a adjudicaciones a las empresas Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). En un auto de junio, el instructor ya requirió a los organismos contratantes el envío de los expedientes completos.
En el caso de Adif, el Supremo pidió la documentación de cinco obras: en Sant Feliu de Llobregat (Cataluña) por 51,7 millones; en Murcia dos proyectos por 158,8 y 121,1 millones; en Monforte (Galicia) por 1,4 millones; y en Asturias por 592.053 euros.
Respecto a la Dirección General de Carreteras, reclamó los expedientes de seis actuaciones: en Logroño (La Rioja) por 92,4 millones; en Sevilla (Andalucía) por 71,4 millones inicialmente, ampliados a 102,8 millones; en Asturias por 7,3 millones; en Úbeda (Andalucía) con importe no precisado; en Teruel por 5,7 millones; y en la A-12 (La Rioja–Burgos) por 72,4 millones.
El magistrado instó, además, a que, de no obrar en poder de Adif o Carreteras parte de la información, se identifique el órgano donde se encuentra y se aporten actas de reuniones y un listado completo de actuaciones y responsables.
Control financiero y trazabilidad
El informe de la IGAE —órgano de control económico-financiero del sector público estatal— será clave para determinar la regularidad de los procedimientos: criterios de licitación, mesas de contratación, bajas ofertadas, modificados, prórrogas, certificaciones de obra y posibles incidencias. La trazabilidad de los expedientes permitirá a la Sala valorar si existen indicios consistentes de irregularidades administrativas o penales más allá de las diligencias preliminares.
El ‘caso Koldo’, que nació por la presunta corrupción en contratos de suministros durante la pandemia, ha ido ampliando su perímetro con derivadas relativas a obras públicas. La decisión del Supremo de recabar un dictamen técnico de la IGAE supone un refuerzo pericial de la instrucción, centrado en hechos concretos y documentación oficial.
Por el momento, la investigación se mantiene en fase instructoria. Tras el análisis de la IGAE, el instructor decidirá si procede profundizar en nuevas diligencias, archivar parte de las piezas o impulsar el procedimiento hacia fases ulteriores. Todas las personas y empresas mencionadas conservan su presunción de inocencia.
