El truco de un pueblo para frenar a los okupas: todas las casas deben tenerlo
La okupación ilegal sigue suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para muchos municipios españoles, obligando incluso a Ayuntamientos a tomar medidas al respecto en según que zonas. En este caso, según adelantó 'Cadena Cope', será el pueblo de Galapagar (Madrid) el que ha ingeniado una nueva técnica para frenar y prevenir la okupación ilegal en la localidad, siendo este un problema notable los últimos años.
UN PLAN MUNICIPAL QUE VA MÁS ALLÁ
El consistorio de Galapagar no se ha limitado solo con pronunciarse, sino que ha puesto en marcha todo un plan municipal antiokupación, el cual se sustenta en tres pilares: asesoría jurídica, intervención policial y prevención mediante vigilancia activa.
Uno de los puntos más importantes ha sido la creación de una oficina municipal antiokupas, completamente gratuita para los vecinos de Galapagar. Desde allí se coordina a los afectados con los abogados, juzgados y cuerpos de seguridad pertinentes, con el objetivo de conseguir una desalojo más rápido.
Otro de los frentes más importantes es el realizar un registro de viviendas vulnerables, las cuales se consideran que tienen un alto riesgo de okupación ilegal. Consiste en elaborar una lista con este tipo de inmuebles, la cual permite aumentar la vigilancia y da la posibilidad de erradicar un problema antes de que este suceda. Dentro de este proceso, el Ayuntamiento de Galapagar ha realizado acuerdos con grandes propietarios inmobiliarios y con bancos para que las viviendas vacías (muchas de las embargadas y abandonadas durante meses) no queden a merced de los delincuentes.
Sin embargo, este plan municipal no acaba aquí, la nueva ordenanza también obliga a blindar las viviendas.
OBLIGACIÓN DE BLINDAR LAS VIVIENDAS PARA EVITAR A LOS OKUPAS
Esta medida ha venido de la mano con la reforma de la ordenanza municipal de seguridad, obligando a todos los propietarios del pueblo a instalar sistemas de protección en sus casas. Cerraduras antibumping, puertas acorazadas o cámaras de vigilancia son ahora requisitos obligatorios para residencias y propiedades deshabitadas.
No cumplir con esta norma implica sanciones económicas, pero lo más relevante es que el Ayuntamiento puede incluso actuar de oficio si detecta negligencia. Según fuentes municipales, se busca evitar que la dejadez de algunos facilite la entrada de okupas, quienes habitualmente eligen viviendas con accesos fáciles o sin medidas de seguridad visibles.
Además, el plan incluye patrullas específicas de la Guardia Civil en zonas conflictivas y un protocolo conjunto con compañías suministradoras para cortar de inmediato los enganches ilegales de luz, gas o agua. Esta última práctica es una constante en las okupaciones, pero también una herramienta para hacer inviable la permanencia de los intrusos.
Con esta nueva forma de actuar, Galapagar pretende dejar claro que el municipio no es un terreno fácil para este tipo de delincuentes, pretendiendo ser un ejemplo para muchas zonas de España sacudidas por el mismo problema actuando bajo la legalidad.
