Editorial | Financiación a la carta: cuando el Estado se negocia por piezas

España lleva más de una década con un sistema de financiación autonómica caducado. No es un matiz: es el corazón de cómo se pagan los hospitales, las escuelas, la dependencia, el transporte o la atención en el medio rural. En ese contexto, que el debate vuelva a la agenda no debería ser una mala noticia. Lo preocupante es cómo ha vuelto: no como una reforma negociada con lealtad institucional, sino como un pacto político bilateral con efectos nacionales.

El acuerdo anunciado tras la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras —presentado como un salto hacia una financiación “singular” para Cataluña y cifrado en 4.700 millones adicionales— ha sido el detonante. En un país compuesto, donde la solidaridad interterritorial no es un eslogan sino un principio constitucional, la financiación no puede convertirse en una moneda de intercambio para sostener mayorías parlamentarias.

La Moncloa insiste en que “nadie pierde” y que el nuevo modelo elevaría los recursos totales hasta 224.507 millones en 2027, con casi 21.000 millones más para el conjunto de comunidades. Incluso se anuncia una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para explicar la propuesta. Todo suena razonable… hasta que se mira la letra pequeña política: si el camino empieza por un acuerdo bilateral con una comunidad concreta, el mensaje es claro para el resto: la llave no está en el foro común, sino en la capacidad de presión.

Ahí reside la crítica de fondo. No se trata de negar que Cataluña tenga debates legítimos sobre autogobierno fiscal o sobre su aportación al sistema. Se trata de recordar que cualquier cambio relevante en financiación autonómica afecta a todas las comunidades, y por tanto exige reglas de juego compartidas. De lo contrario, entramos en un terreno resbaladizo: el del Estado que se reescribe “a demanda” según el socio del momento, la aritmética del Congreso o el calendario electoral.

Aragón conoce bien lo que implica prestar servicios en un territorio extenso, envejecido y con baja densidad de población. Aquí, hablar de “población ajustada” no es una fórmula: es la diferencia entre mantener abierto un consultorio o cerrarlo, entre sostener una escuela rural o condenarla. Por eso el debate no puede reducirse a un tira y afloja de cifras globales. Puede haber más dinero en el sistema y, aun así, haber un reparto injusto.

Cuando la financiación se negocia como si fuera un paquete cerrado para contentar a un aliado, la España interior vuelve a quedar a la intemperie. Y eso, en Aragón, no es una discusión ideológica: es una cuestión de supervivencia territorial. Que el Gobierno prometa recursos “para todos” mientras abre la puerta a una singularidad pactada por fuera del consenso común no despeja dudas; las multiplica.

Un problema nacional, no un pulso autonómico

El ruido político de estos días muestra algo más: el sistema se está convirtiendo en un arma electoral. El PP lo denuncia; parte del PSOE territorial también expresa recelos. Medios nacionales han recogido críticas de presidentes autonómicos y el malestar por la negociación con ERC, además de las dudas de Junts. Esta mezcla —financiación, investidura, precampaña— es explosiva. Y lo más grave es que desgasta la única condición que hace posible un modelo estable: la confianza entre territorios.

España necesita una reforma, sí. Pero no cualquier reforma. Necesita una que cumpla tres principios básicos:

1. Multilateralidad real: el CPFF no puede ser un trámite posterior para legitimar lo ya pactado fuera. Si la reunión llega con el resultado escrito, no es un órgano de cooperación; es una puesta en escena.

2. Criterios objetivos y verificables: despoblación, envejecimiento, dispersión, orografía y coste efectivo de los servicios deben estar blindados, no ser un apéndice negociable. Aragón —y provincias como Teruel— no pueden competir con la política de bloques cuando lo que se mide es la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

3. Garantías transparentes: si de verdad “nadie pierde”, hay que demostrarlo con simulaciones públicas, metodología clara y revisión independiente. La confianza no se pide; se gana con datos.

El riesgo de abrir una brecha “de primera y de segunda”

La financiación autonómica no es una competición por ver quién grita más fuerte en Madrid. Es un pacto de convivencia. Y lo que está en juego con acuerdos de corte bilateral es el riesgo de consolidar un país a dos velocidades: comunidades con capacidad de condicionar la gobernabilidad —y por tanto negociar más— frente a comunidades que sostienen el sistema sin poder de veto.

Ese camino conduce a una fractura silenciosa: no la de banderas, sino la de servicios. La desigualdad no se mide en discursos: se mide en listas de espera, en ratios educativas, en dependencia, en vivienda pública. Si la financiación acaba diseñándose en clave de estabilidad parlamentaria, el Estado deja de ser una arquitectura común para convertirse en un puzle de concesiones.

Este periódico no discute la necesidad de reformar un modelo agotado. Lo que cuestiona es la lógica: primero el pacto con ERC, después el CPFF; primero el titular de los 4.700 millones, luego la explicación de “todos ganan”. Esa secuencia no genera serenidad. Genera sospecha. Y cuando la financiación despierta sospecha, lo que se resiente no es la política: es la cohesión del país.

La reforma debe hacerse. Pero no así. No con el Estado negociado por capítulos. No con la solidaridad convertida en moneda de cambio. Y, desde luego, no dejando a Aragón —otra vez— en la sala de espera mientras otros firman en el despacho.