Opinión | Guerra de Irán: entre la desinformación y la geopolítica real

El historial de incumplimientos de Irán en materia nuclear es bien conocido: desde las actividades no declaradas detectadas por el OIEA en 2003 (Informe GOV/2003/75), hasta las violaciones progresivas del JCPOA desde 2019 (Informe OIEA GOV/2023/24), Teherán ha mostrado una continua voluntad de incumplimiento de compromisos que ha condicionado cualquier posible negociación.

Los contactos en curso, anteriores a los ataques del 28 de febrero —entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán—, han sido interpretados por algunos voluntariosos analistas, como el preludio de un acuerdo nuclear histórico.

Sin embargo, esa lectura no se sostiene frente a los hechos, ni las declaraciones del ministro omaní Badr Al Busaidi, ni los informes del OIEA, las palabras de J.D. Vance por parte de Washington o del negociador de Teherán, respaldan la idea de que Irán estuviera dispuesto a detener la acumulación de uranio enriquecido para la obtención de su tan ansiada arma nuclear.

Al Busaidi habló de un clima “constructivo” y una “voluntad”, términos diplomáticos habituales que no implica avances reales. Mientras tanto, los datos del OIEA mostraban que Irán seguía incrementando sus reservas de uranio. Atribuir a esa reunión un avance sustantivo carece de base real y contradice la evidencia.

Que tales conversaciones diplomáticas, fuesen una garantía de cumplimiento es mucho aventurar, dados los precedentes, y atribuir los acontecimientos posteriores a una supuesta impaciencia estadounidense, omite que la desconfianza acumulada hacia Irán se fundamenta en hechos verificables históricamente, y no en percepciones coyunturales.

La problemática “legalidad Internacional”

La apelación a la “legalidad internacional” suele utilizarse de forma selectiva según el momento, el motivo y quien la reclama. No recuerdo a ningún Estado solicitar al Consejo de Seguridad una resolución de intervención ante regímenes que masacran a su propia población, básicamente porque todos saben que el sistema de la ONU está diseñado para que cualquier acción coercitiva dependa del consenso de las grandes potencias, y ese consenso casi nunca existe; es inoperante a efectos prácticos.

Países que hoy critican la intervención en Irán han evitado pedir resoluciones similares cuando en recientes fechas, el régimen religioso masacraba a su población, precisamente porque saben que Rusia o China vetarían cualquier iniciativa. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados han actuado en ocasiones sin mandato explícito del Consejo de Seguridad —Kosovo en 1999 es el ejemplo más citado— alegando razones estratégicas, humanitarias o de seguridad.

"El sistema de la ONU está diseñado para que cualquier acción coercitiva dependa del consenso de las grandes potencias"

El problema es estructural: el sistema de seguridad colectiva de la ONU rara vez permite actuar, incluso ante atrocidades masivas, y por eso algunos Estados recurren a interpretaciones “imaginativas” cuando consideran que sus intereses pueden estar en juego.

Ningún país, tampoco España, ha invocado la “Responsabilidad de Proteger” (R2P), recogida en los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 y reafirmada en la Resolución 1674 (2006) del Consejo de Seguridad. En teoría, si un Estado no protege a su población, la comunidad internacional puede actuar colectivamente, incluso con la fuerza – con autorización del Consejo de Seguridad -.

En la práctica, no se ha conseguido, si es que se ha propuesto alguna vez; en este caso es Irán, pero ejemplos sobran, ya fueran Siria, Libia, Venezuela o Myanmar, por señalar algunos. ¿Alguien ha reclamado legalidad internacional para los cristianos de Nigeria?.

Tampoco podemos ser ingenuos: en el presente escenario, ni Israel ni Estados Unidos han intervenido por el bien de la población iraní, si acaso, ese sería un objetivo secundario, sino porque consideran que el régimen de los Ayatolás es el principal agente desestabilizador de Oriente Medio desde 1979, apoyando el terrorismo y las acciones contra Israel, y han creído llegado el momento de que eso acabe. Sus motivos estratégicos podrán ser discutibles, pero no son producto de ninguna improvisación.

La posición del Gobierno español respecto al uso de las bases de Rota y Morón evidencia una incoherencia palmaria. Por un lado, España invoca el Convenio bilateral de Defensa con Estados Unidos para subrayar su soberanía sobre las instalaciones —algo indiscutible—, pero por otro utiliza un criterio político variable para conceder o denegar ese uso, apelando a la manoseada “legalidad internacional”, solo cuando conviene a su narrativa: aviones de combate o cisternas no, de transporte, sí, cuando es obvio que la logística es indisoluble de cualquier acción de guerra.

El propio Convenio establece que España concede a Estados Unidos el uso de instalaciones “para objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral” del acuerdo, lo que incluye compromisos derivados de alianzas estratégicas y de la cooperación en seguridad.

Sin embargo, el Gobierno español ha decidido bloquear parcialmente el uso de las bases, alegando la ausencia de legalidad Internacional para la intervención en curso, pese a que España no ha solicitado esta condición ni resolución alguna del Consejo de Seguridad para intervenir en otros casos, y pese a que la OTAN y la cooperación bilateral con Estados Unidos tampoco exigen ese requisito para operaciones de apoyo a los aliados.

Esta selectividad, ahora sí, ahora no, revela el oportunismo político coyuntural para el consumo patrio, antes que una interpretación coherente del derecho internacional, y sitúa a España en una posición ambigua: reivindica su soberanía sobre las bases, y al mismo tiempo limita su decisión de cumplir compromisos con sus socios estratégicos, cuando estos entran en conflicto con la agenda interna del Gobierno.

Esta falta de congruencia tendrá un precio, EEUU no olvida los desaires, y el presidente Trump, menos;  Marruecos ya se frota las manos…

Mientras tanto, con todo el disimulo y eufemismos posibles, el mismo gobierno se ve “obligado” a participar en la defensa activa de aliados —como la batería Patriot en Turquía o la fragata Cristóbal Colón, en el despliegue naval francés hacia Chipre— porque la realidad de los compromisos y alianzas, acaban imponiéndose.

El papel de China y Rusia

Para entender la reacción internacional al conflicto con Irán, es oportuno también, analizar la posición de Rusia y China, porque su comportamiento condiciona cualquier cálculo estratégico.

Rusia, está empantanada en una guerra de desgaste en Ucrania y con limitaciones materiales evidentes, no está en condiciones de abrir un segundo escenario que la enfrente directamente a Estados Unidos e Israel; al contrario, a corto plazo, ve sus reservas de combustible revalorizadas, y quizá con una salida que no han tenido hasta ahora debido al bloqueo internacional. Su prioridad es sobrevivir a las sanciones y sostener su esfuerzo bélico, no arriesgarse a una escalada regional, difícilmente tendría estímulo alguno para apoyar a Irán.

China, por su parte, depende críticamente de la estabilidad del Golfo Pérsico: más del 50 % del petróleo que importa atraviesa el estrecho de Ormuz. Una guerra prolongada sería devastadora para su economía y para su estrategia global basada en el comercio. Por eso mantiene una postura de perfil bajo, centrada en la mediación y en evitar cualquier choque directo con Estados Unidos.

Ambas potencias necesitan que el conflicto sea corto, limitado y controlado, no expandido. La idea de que proporcionarían armamento avanzado a Irán, para golpear a Estados Unidos o Israel, no responde a la lógica geopolítica real. El hecho de que sean potencias nucleares no varía ese escenario.

Lo que realmente está en juego, el pragmatismo que viene

El estado de guerra “de facto” en Irán, no puede entenderse desde la información interesada ni desde la óptica simplistas del “no a la guerra”. No es una lucha entre “legalidad” e “ilegalidad”, ni entre “agresores” y “defensores”. Es la consecuencia de:

• Un régimen iraní con un programa nuclear oscuro, y cuyo declarado fin último es la aniquilación de Israel.
• Un sistema internacional incapaz de actuar colectivamente, con una ONU secuestrada por su propia inoperancia.
• Potencias que priorizan intereses estratégicos propios, sobre principios comunes.
• Aliados que aplican la legalidad internacional de forma selectiva, según la necesidad interna del momento.
• Y un equilibrio global donde nadie quiere una guerra larga -excepto Irán-, pero todos quieren evitar perder influencia, con una Unión Europea, en permanente fuera de juego.

Europa —y España en particular— debe asumir que el mundo que viene será más inestable, más competitivo y menos regulado. El “no a la guerra” como eslogan emocional no basta, los deseos no bastan para que deje de haberlas, para gestionar un entorno donde la fuerza, la disuasión y la coherencia estratégica con nuestros aliados, van a ser determinantes.

Prepararse para el mundo que viene no es militarizarse: es dejar de improvisar y actuar en consecuencia, asumiendo que la estabilidad global ya no es el estado natural del sistema internacional, si es que alguna vez lo fue.