Opinión | El primer voto aragonés y la ilusión del autogobierno; por Jorge Herrero
El 8 de mayo de 1983 marcó un antes y un después en la historia política de Aragón. Aquella jornada, por primera vez desde la llegada de la democracia, los aragoneses acudieron a las urnas para elegir su propio gobierno autonómico. La participación alcanzó el 66,71%, una cifra que revela el entusiasmo colectivo ante una oportunidad inédita: la de decidir, desde Aragón y para Aragón, su futuro político. Mientras nos acercamos a las elecciones anticipadas del 8 de febrero de 2026, resulta imprescindible mirar atrás para comprender el significado de aquellos primeros comicios y lo que pueden enseñarnos hoy.
El Estatuto, aprobado el 10 de agosto de 1982, devolvía a la comunidad instituciones propias de continuidad histórica, interrumpidas desde los Decretos de Nueva Planta de 1707, si bien Aragón había conocido experiencias de autogobierno durante la II República y, con características muy distintas, el Consejo de Defensa de Aragón durante la Guerra Civil. Aquella recuperación no era solo jurídica o administrativa: era simbólica. Aragón volvía a ser sujeto político. Y lo hacía en un país que vivía su primera gran expansión democrática, donde votar no era un gesto rutinario, sino la expresión de un derecho recién conquistado tras cuatro décadas de dictadura.
La campaña electoral de 1983 fue intensa y pedagógica. Santiago Marraco, candidato socialista, logró conectar con un electorado que veía en el PSOE la opción de modernizar Aragón sin renunciar a sus señas de identidad. El Partido Aragonés, con su apelación al aragonesismo histórico, afrontaba su primer gran examen autonómico. Coalición Popular representaba al centro-derecha conservador, mientras formaciones como el PCE o el CDS buscaban espacio en el nuevo tablero político. La ilusión de construir autogobierno unió a perfiles muy distintos: desde agricultores que pedían infraestructuras hasta jóvenes que reclamaban políticas culturales, pasando por funcionarios que debían transitar desde la administración central a la autonómica.
Los resultados otorgaron al PSOE 34 escaños de los 66, a solo uno de la mayoría absoluta. El 27 de mayo, Santiago Marraco fue elegido presidente de la Diputación General de Aragón; tomó posesión el 6 de junio en la Lonja de Zaragoza y se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en la historia moderna de la comunidad. Su mandato asumió un reto desconocido hasta entonces y era el de crear desde cero la administración autonómica, negociar la transferencia de competencias, diseñar estructuras de gobierno y hacerlo en un contexto donde toda decisión estaba bajo lupa. Para unos, su apuesta era demasiado prudente; para otros, demasiado ambiciosa. Ese equilibrio entre identidad y lealtad institucional marcó el inicio de nuestra autonomía.
Hoy, más de cuatro décadas después, el contraste con 1983 es tan evidente como revelador. La democracia aragonesa está consolidada y es algo que no se puede negar: Hemos celebrado once elecciones autonómicas, hemos visto alternancia política y nuestras instituciones funcionan con normalidad. Incluso la posibilidad de disolver las Cortes, inexistente entonces, hoy es una herramienta más de la madurez institucional. Sin embargo, esa normalidad también ha hecho que la ilusión sea menor. La participación electoral, que rondó el 66% en 1983, se sitúa hoy en niveles similares o inferiores, pero la motivación es distinta... donde antes había expectativas, hoy a menudo hay apatía.
Las causas son conocidas: la normalización de la democracia, que la hace parecer garantizada; la fragmentación política, que genera inestabilidad; la falta de soluciones definitivas a problemas estructurales y cierto desapego hacia la política autonómica, percibida por algunos como secundaria frente a la nacional. Sin embargo, la autonomía afecta de lleno a la vida cotidiana en aspectos tales como sanidad, educación, servicios sociales, infraestructuras, vertebración territorial o gestión del agua dependen en gran medida de decisiones tomadas aquí.
Las elecciones del 8 de febrero de 2026 tienen, por tanto, un carácter distinto al de aquellas fundacionales, pero no menor. Si entonces se votaba para construir instituciones, hoy se vota para fortalecerlas y afrontar desafíos críticos como la despoblación, envejecimiento, falta de oportunidades para los jóvenes, atracción de empleo de calidad, transición energética y gestión hídrica en tiempos de cambio climático. El autogobierno no es un mero símbolo, es una herramienta imprescindible para abordar estos retos con visión propia.
Quienes en 1983 acudieron masivamente a las urnas lo hicieron con un sentido claro de la responsabilidad histórica. Su legado no es solo institucional, sino cívico. Nuestro deber, cuarenta años después, no es idealizar aquel tiempo ni aferrarnos a la nostalgia, sino asumir el compromiso democrático que lo hizo posible. La ilusión puede haber cambiado, pero la responsabilidad sigue intacta. El 8 de febrero de 2026 no votamos solo para desbloquear una situación política, votamos para decidir qué Aragón queremos para las próximas décadas.
La autonomía no se mantiene sola. Exige participación, vigilancia crítica y compromiso ciudadano. Si 1983 fue el inicio, 2026 es continuidad. No podemos permitirnos dar por sentada una conquista que costó décadas de esfuerzo y movilización. Votar es, hoy como entonces, el gesto más sencillo y a la vez más decisivo para defender nuestro autogobierno. El 8 de febrero tendremos una nueva oportunidad de ejercerlo, sería un error y una pérdida dejarla pasar.
