Opinión | El trasvase fiscal; por Jorge Herrero
El debate electoral a ocho celebrado anoche en la televisión autonómica fue, ante todo, un ejercicio de contrastes. Más allá de la lógica confrontación de siglas, lo que el espectador presenció fue el choque entre dos formas muy distintas de entender el momento político que vive Aragón. Fue una noche donde la gestión autonómica y las estrategias nacionales se cruzaron constantemente, dejando ver las costuras de unos y la solvencia de otros. No fue tanto un debate de ideologías abstractas como una pugna entre los datos de la administración y el relato político que llega desde Madrid, evidenciando que en estas elecciones se juega mucho más que el inquilino del Pignatelli.
Jorge Azcón fue al debate con la lección aprendida y, lo más importante, con los números auditados. Frente a la demagogia fácil que intenta caricaturizar al Gobierno del PP como una simple gestoría de grandes empresas, el presidente demostró que su modelo va mucho más allá de los titulares macroeconómicos. Azcón puso el dedo en la llaga más dolorosa para el socialismo sanchista: la desigualdad.
Su intervención más letal no fue sobre inversiones, sino sobre justicia. Al desmontar el relato de Pilar Alegría sobre la financiación autonómica, Azcón no usó eslóganes, usó la ciencia económica. Mientras la candidata socialista prometía una lluvia de millones que nadie sabe de dónde salen, Azcón sacó el informe de FEDEA (que no es precisamente partidista) para recordar una verdad incómoda: con el nuevo modelo que cocina María Jesús Montero para contentar al separatismo, Aragón es la comunidad peor tratada de España. El "trasvase fiscal" es real. Y la metáfora que usó el presidente fue demoledora por su sencillez, si no aceptamos que se lleven el agua del Ebro, ¿por qué deberíamos aceptar que se lleven nuestros impuestos para financiar la "singularidad" de sus socios?
Esa fue la gran cuestión que ni Alegría ni sus muletas parlamentarias supieron gestionar. Azcón ejerció de escudo del Estatuto y de la caja común, mientras la izquierda miraba al techo. ¿Cómo se puede defender la sanidad pública aragonesa, como intentó hacer Alegría, si estás votando en Madrid un sistema que nos resta capacidad financiera para pagar a nuestros médicos? La promesa de Azcón de subir la prestación por dependencia a 1000 euros o la realidad de las obras en Arcosur son la prueba de que la buena gestión económica no es un fin en sí mismo, sino la herramienta necesaria para blindar el estado del bienestar.
En el capítulo de propuestas, Azcón también supo bajar al barro de la economía real, esa que levantan cada mañana los autónomos y las pymes. Llamarles "superhéroes" puede sonar a retórica de campaña, pero proponer extender su tarifa plana a 24 meses es una medida tangible que da oxígeno a quienes realmente crean empleo en nuestros barrios y pueblos. Frente a la obsesión regulatoria de una izquierda que, como se vio con las intervenciones de Podemos e IU, sigue debatiendo falsos dilemas sobre si el desarrollo es compatible con la ecología, el PP ofreció un marco de libertad y apoyo a la iniciativa privada.
Incluso en el cuerpo a cuerpo político, Azcón salió indemne de las pinzas a izquierda y derecha. Desactivó la hipérbole de Alejandro Nolasco (VOX) con la tranquilidad de quien ya está aplicando bajadas de impuestos reales y no solo prometiéndolas a gritos. Y sobre todo, dejó en evidencia la soledad argumental de Pilar Alegría. La ministra portavoz vino a vender gestión, pero se fue con la etiqueta de "delegada comercial" de Moncloa. Su silencio cuando se le preguntó si acataría un trasvase del Ebro ordenado por Sánchez resonó más fuerte que cualquiera de sus promesas.
En definitiva, las cartas quedaron anoche boca arriba. El debate sirvió para dibujar dos caminos muy distintos ante los retos que vienen: el de quien prioriza la autonomía y la gestión de los recursos propios, y el de quien fía su suerte a las estrategias y equilibrios que se deciden en Madrid. Los aragoneses tienen ahora la última palabra para decidir qué modelo prefieren para los próximos cuatro años, si el de las certezas económicas o el de la obediencia política. La urna, como siempre, será quien dicte sentencia.
