Deja su piso de Zaragoza e ingresa en una residencia por motivos de salud... y a los pocos días le okupan el piso
Esta historia comenzó el pasado 7 de noviembre de 2024 en un bloque de siete viviendas de la Plaza Añón, en la capital aragonesa. Según ha podido saber HOY ARAGÓN, se trata de un inmueble de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda que se destina a personas y unidades familiares con recursos económicos limitados y con especiales dificultades para el acceso al mercado libre de alquiler.
Uno de los arrendatarios comunicó el pasado mes de julio a Zaragoza Vivienda que renunciaba temporalmente a la vivienda de la cual era titular del contrato de alquiler. Un ático en dicho inmueble por el que pagaba una renta mensual de cerca de 200 euros. Alegaba que tenía ciertos problemas de salud e iba a ingresar de forma permanente en una residencia.
Llevaba ya seis años con el contrato de alquiler, desde febrero de 2018, pegando ese alquiler económico. El pasado mes de noviembre, otro de los vecinos del edificio comunicó a Zaragoza Vivienda que varias personas habrían accedido a la vivienda de esta persona, que en ese momento ya se encontraba vacía.
Al día siguiente, personal técnico de la sociedad municipal comprobó que la vivienda estaba siendo utilizada por personas que no disponían de autorización. Confirmaron que la cerradura de la puerta había sido manipulada y sustituida y que había consumo de agua y electricidad. También pudieron comprobar que en el balcón exterior habían almacenado muebles y enseres.
La arrendataria, tras enterarse, solicitó ayuda a la Policía Nacional que realizó dos intervenciones en el piso. No pudieron identificar a los ocupas hasta quince días después ya que dichos ocupas no abrieron la puerta al ser requeridos.
Se trataba de una mujer, un hombre, representado por los letrados Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcen, y un bebé de nueve meses. al ser preguntados por los agentes de policía explicaron que pagaron un alquiler a los anteriores dueños con el fin de residir en este domicilio.
El representante legal de la sociedad municipal propietaria de este piso ocupado solicitó esta semana ante el juez que se acuerde el desalojo de todos los ocupantes del inmueble y la restitución de la posesión para la arrendataria legítima del inmueble.
Añade en su escrito que "la experiencia demuestra que la prolongación en el tiempo de situación de ocupación ilegítima en estas circunstancias conlleva un gran deterioro de las viviendas, con el consiguiente gasto público para la puesta a punto y uso de éstas".
Solicita la restitución de la vivienda para "poner fin a la situación antijurídica antes de la terminación del procedimiento". El caso ha quedado visto para sentencia y será el juez quien determine si en los próximos días se produce el desalojo de los ocupas.
Desciende la okupación, según el gobierno; y los expertos lo niegan
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se contabilizaron cerca de 15.000 denuncias por ocupación ilegal en España, un 8,8% menos que un año antes. En estos datos se incluyen tanto los delitos de allanamiento de morada como la usurpación del derecho de uso de un inmueble, ambos del ámbito penal.
Sin embargo, según publica El Idealista, diferentes expertos jurídicos aseguran que el principal foco de atención son los casos de inquiocupaciones; es decir, inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada y que no entran dentro de las estadísticas oficiales de denuncias.
Por otro lado, cada vez más particulares y empresas están optando por otras vías para recuperar la posesión de sus propiedades, bien con negociación o contratando a empresas especializadas en desalojos.
Explican desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, FADEI, que la ocupación continúa siendo un problema al que le queda todavía mucho recorrido. Sobre la mesa estuvo la nueva ley contra la ocupación que divide al Congreso de los Diputados y permite desalojarlos en horas. De momento, sin acuerdo entre los principales partidos políticos con representación en el Congreso.
