Mariano Casasnovas, en busca y captura: el empresario que casi compra el Real Zaragoza
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha emitido una orden de busca y captura contra Mariano Casasnovas, empresario conocido por su intento fallido de comprar el Real Zaragoza.
Las fuentes consultadas por HOY ARAGÓN afirman que Casasnovas enfrenta una condena de cuatro años de prisión y multas de 1.260 euros por su implicación en una estafa relacionada con operaciones inmobiliarias fraudulentas.
El empresario, junto a su cómplice, el abogado José Javier Palos, fue encontrado culpable de estafar a un constructor y a una empresa en dos operaciones que prometían la recalificación y urbanización de terrenos para la construcción de establecimientos de la cadena Lidl. Ambos fueron condenados a la misma pena por delitos de estafa en concurso con falsedad en documentos y frustración en la ejecución de alzamiento de bienes.
Un tercer implicado, José María Valeta, recibió una sentencia de seis meses de cárcel por su papel de cooperador necesario. El fallo, que se declaró firme el 23 de enero tras ser recurrido, incluye una indemnización de 280.000 euros a los perjudicados y el pago de las costas de la acusación particular.
A pesar de que Casasnovas realizó un pago inicial, incluyendo la cesión de un negocio de 25.000 euros y un compromiso de pagar 400 euros mensuales, tanto él como los otros condenados han incumplido. Ante el impago de la responsabilidad civil, el abogado de la acusación instó la ejecución de la sentencia. El tribunal estableció el 23 de octubre como fecha límite para ingresar voluntariamente en prisión.
Hasta la fecha, sólo José María Valeta se ha entregado y ha comenzado a cumplir su condena. Los otros dos encausados, al no presentarse, son considerados por la Audiencia como evasores de la Justicia, lo que ha desencadenado la orden de detención.
La abogada de José Javier Palos, Carmen Sánchez, ha presentado un recurso de súplica el 8 de octubre, argumentando que su cliente se presentará voluntariamente, aunque este recurso no interrumpe la orden judicial.
Este caso subraya la continua lucha contra la corrupción y el fraude en el sector inmobiliario español, y destaca la determinación de las autoridades judiciales en perseguir y sancionar estas actividades ilícitas.
