Aprobada la ampliación del Parque de Atracciones con el rechazo de PSOE y ZeC por su impacto ambiental
El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este miércoles en Pleno, con los votos favorables del PP y Vox, la modificación urbanística que permitirá la ampliación del Parque de Atracciones. La medida, que afecta al entorno de los Pinares de Venecia, ha salido adelante entre duras críticas de la oposición, que denuncia la falta de transparencia y el posible impacto medioambiental de la actuación.
Durante la sesión plenaria, el debate ha estado acompañado por protestas desde el público, que ha lanzado gritos como "Zaragoza no se vende". Hasta cinco representantes vecinales han tomado la palabra para expresar su rechazo a la modificación urbanística, haciendo especial hincapié en la reciente respuesta del secretario de Estado de Medio Ambiente, que deja abierta la posibilidad de que la actuación requiera una evaluación ambiental.
Se trata de la Modificación Aislada número 225 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo objetivo es reajustar los límites de varias parcelas para agruparlas en una sola, con el fin de sacar a licitación una nueva concesión del parque. La superficie resultante pasará de 112.877 metros cuadrados a 116.831, lo que supone una ampliación de 3.954 metros cuadrados.
Durante el debate plenario, el concejal socialista Horacio Royo ha solicitado la retirada del expediente al considerar que "la calificación de suelos, el volumen y el objeto debería implicar una evaluación ambiental simplificada". Royo ha advertido que la ausencia de este informe “podría suponer vicios de legalidad” y ha instado al Gobierno municipal a paralizar la tramitación.
Sin embargo, el consejero de Urbanismo y Medio Ambiente, Víctor Serrano, ha defendido la legalidad del expediente asegurando que “no es necesaria una evaluación ambiental por parte del INAGA”, ya que los terrenos afectados “no son un monte catalogado” y se constituyen como suelo urbano o urbanizable. Serrano ha insistido en que la modificación no concreta aún los usos finales, que quedarán sujetos a un futuro plan especial si se adjudica la concesión y se presenta un proyecto concreto.
Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha calificado el proyecto de “aberración contra los Pinares” y ha lamentado la “falta de transparencia y de participación ciudadana”. Domínguez ha denunciado que el expediente no detalla aspectos esenciales como el número de árboles a talar o el impacto ambiental real. En su intervención, ha acusado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, de transformar “el patrimonio público en negocios privados” y de seguir adelante con un plan “cuyo coste será de cinco millones de euros y en el que será el concesionario quien decida si se eliminan pinos”.
En la misma línea, Horacio Royo ha alertado de que esta modificación “abre la puerta a la posible tala de hasta 2.000 pinos” y ha exigido que el expediente se remita a los medios de comunicación para que se pueda valorar si realmente necesita una evaluación de impacto ambiental.
Desde Vox, el concejal Armando Martínez ha restado importancia a las críticas y ha subrayado que la actuación “solo afecta a cuatro de las 300 hectáreas de los Pinares”. Martínez ha defendido que la modificación facilitará el aparcamiento en la zona y permitirá a los ciudadanos “pasear, pasar la mañana y visitar el Monumento a la Legión Española”. Además, ha acusado a la izquierda de “llorar por unos árboles mientras otros dieron su vida por el país”.
El consejero Víctor Serrano ha cerrado el debate recordando que el objetivo de la modificación es “actualizar una concesión caducada y unas instalaciones obsoletas, manteniendo el modelo de parque familiar”. También ha asegurado que el Gobierno municipal trabaja paralelamente en la mejora de zonas verdes y de la calidad del aire en la ciudad.
