El Gobierno de Sánchez retira el plan inicial de construir 64 viviendas públicas en Zaragoza tras un año de parálisis
El Ejecutivo de Pedro Sánchez retira la modificación urbanística para construir 64 pisos en los suelos de la antigua cárcel de Torrero, en la plaza del Laurel, y el Ayuntamiento reclama a SEPES que aclare cuanto antes el futuro de la parcela tras más de un año sin avances. Tras más de un año el Gobierno de España seguía sin dar salida a los expedientes. Fuentes del Ministerio de Vivienda, tras publicar la retirada oficial, reconocen que tienen otro plan urbanístico pero sin dar detalles concretos.
El proyecto estatal para levantar 64 viviendas públicas en Zaragoza, en los terrenos de la antigua cárcel de Torrero, ha entrado en una fase de incertidumbre administrativa tras la decisión del Gobierno de España de desistir del procedimiento urbanístico que estaba en marcha.
Según ha podido saber HOY ARAGÓN, el Ejecutivo ha presentado formalmente un escrito retirando la tramitación de la Modificación del planeamiento que él mismo había impulsado, lo que implica que el procedimiento abierto queda desestimado y, por tanto, deja sin efecto la vía administrativa que debía permitir el desarrollo residencial en ese suelo.
Las fuentes municipales consultadas subrayan que este es el hecho administrativo clave. La interpretación municipal es técnica: si se retira el procedimiento que estaba en marcha, ese expediente queda sin recorrido y, en consecuencia, el desarrollo urbanístico previsto no puede continuar por esa vía. Es decir, si se quiere retomar el proyecto en el futuro, deberá hacerse con un nuevo planteamiento, una nueva tramitación y nuevos plazos administrativos.
Las mismas fuentes municipales explican que el procedimiento acumulaba más de un año sin avances efectivos, con el expediente sin progresos relevantes pese a tratarse de un proyecto considerado prioritario en materia de vivienda pública. Esta situación de parálisis prolongada es la que, según el análisis municipal, ha desembocado en la retirada formal del trámite. Desde el área de Urbanismo se incide en que no se trata de una valoración política, sino de una constatación administrativa: el expediente abierto se ha desistido y, por tanto, queda sin efecto.
Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha dirigido formalmente a SEPES, organismo estatal titular actual del suelo, para que aclare qué ocurrirá a partir de ahora con estos terrenos y cuál es la planificación real del Estado sobre ese ámbito. Desde el consistorio se considera imprescindible conocer si existe intención de reactivar el desarrollo por otra vía o si el suelo quedará paralizado sin un calendario definido.
El ámbito afectado es el de los suelos de la antigua cárcel de Torrero, donde estaba prevista la construcción de las 64 viviendas públicas. El desarrollo se localiza en la conocida como plaza del Laurel, entre la calle Villa de Ansó y la plaza de la Memoria Democrática, en la parte trasera del Centro Social Okupado Kike Mur. Se trata de terrenos que históricamente han pertenecido al Ministerio del Interior y que, dentro de la estrategia estatal de centralización del suelo público, fueron transferidos a SEPES tras pasar por el entorno de gestión de SIEPSE.
El contexto estatal en el que se enmarca esta operación es el proceso impulsado por el Gobierno para trasladar suelos públicos a SEPES, entidad que está en proceso de transformación en empresa pública estatal de vivienda. En este plan se han incorporado terrenos del Ministerio de Defensa, activos procedentes de la Sareb y también suelos vinculados a antiguas infraestructuras penitenciarias, entre ellos los de Torrero.
El año pasado, además, se impulsó y aprobó una modificación del plan parcial para adaptar la ordenación urbanística de esta parcela. Sin embargo, con el desistimiento ahora confirmado, ese procedimiento queda sin continuidad administrativa.
Frente a la interpretación municipal, el Ministerio de Vivienda sostiene que no se ha renunciado al proyecto, sino que se ha optado por no continuar con la modificación del planeamiento porque se ha decidido que la actuación sea íntegramente pública, ejecutada por la entidad pública Casa 47 y sin venta de suelos. Según el Ministerio, esta decisión permitiría adelantar tiempos y priorizar la vivienda pública manteniendo el número de viviendas previstas.
No obstante, desde el punto de vista administrativo, el escenario actual es claro: el procedimiento abierto se ha desistido. A partir de ahora, cualquier desarrollo en ese suelo deberá partir de un nuevo planteamiento técnico y jurídico, y por el momento no existe un calendario público definido sobre los siguientes pasos ni sobre los plazos de ejecución de las viviendas. Se desconoce el plan íntegro al que el ministerio de Vivienda alude como plan B.
