Las guarderías sin regulación se disparan en Zaragoza: "Son aparcamientos de niños"
Olmo Aznar, vicepresidente de PACEI, advierte que la desregulación del sector convierte a algunas guarderías en 'aparcamientos de niños', con instalaciones precarias y personal sin titulación.
El reciente caso de presuntos abusos sexuales en la escuela infantil Waldorf Munay, en el barrio zaragozano del Arrabal, ha destapado una realidad que la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (PACEI) lleva años denunciando: la proliferación de guarderías sin ningún tipo de regulación que operan en un vacío legal.
Olmo Aznar, vicepresidente de PACEI, habla con HOY ARAGÓN y califica la situación como el "Lejano Oeste" de la primera infancia, un problema que, según él, podría traer más desgracias si no se toman medidas urgentes.
UN PROBLEMA DE DOBLE VARA
La raíz del problema, explica Aznar, se encuentra en la "falta de coordinación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza".
Por un lado, la Orden de 25 de agosto de 2005 del Gobierno autonómico establece una normativa "muy exigente" para los centros de educación infantil, que van desde los metros cuadrados por alumno hasta la cualificación del personal. Sin embargo, el consistorio zaragozano no se acoge a esta orden.
En su lugar, emite licencias basándose únicamente en el Código Técnico para locales, permitiendo que establecimientos como "ludotecas o academias de inglés acojan a niños de 0 a 3 años sin cumplir con los mínimos exigidos para una escuela infantil".
"Existe una regulación muy exigente por un lado, y por otro una no regulación", explica Aznar. "Eso ha abierto una brecha a un vacío legal en el cual hay muchas instalaciones y personas que se están aprovechando". La consecuencia es que, mientras 132 centros en todo Aragón se ven obligados a cumplir con normativas estrictas, una cantidad inestimable de centros, según PACEI, operan con total impunidad.
RIESGOS DESCONOCIDOS: EL PELIGRO DE LA FALTA DE CONTROL
La principal preocupación de la patronal es que no existe ningún tipo de control sobre estos centros. "No hay datos, ni siquiera nosotros que nos hemos preocupado en investigar, visitar muchas escuelas, grabarlas por dentro, etc. No sabemos el número de niños que albergan, qué instalaciones y con qué profesionales", afirma Aznar.
La situación crea un riesgo latente, ya que estos centros operan en locales sin luz natural, sin la ventilación forzada exigida y con personal que, en muchas ocasiones, carece de la titulación necesaria.
El caso de Munay era una tragedia anunciada. "En muchas de las reuniones con el Gobierno de Aragón les hemos transmitido que en algún momento todos tendríamos que llevarnos las manos a la cabeza por algún suceso desgraciado de este tipo", advierte Aznar.
A pesar de que la Ley de Educación (LOMLOE) de 2022 establece que los centros que acogen a niños en horario escolar deben contar con la autorización del Departamento de Educación, el Gobierno de Aragón se ha escudado en la falta de competencias. "Su respuesta y es lógica es: 'nosotros no tenemos competencias sobre los centros que no están autorizados'.”
Además, Aragón es la única comunidad autónoma de España donde la educación infantil de 0 a 3 años no es gratuita. El Gobierno de Aragón tenía previsto implementar la gratuidad en esta legislatura, pero la medida no ha podido avanzar debido a la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos.
La partida presupuestaria, estimada en 45 millones de euros “no es un gasto desorbitado, y sin embargo sigue sin aplicarse, dejando a las familias y al sector en una situación complicada”.
UNA SOCIEDAD DESINFORMADA
Esta desregulación no sólo pone en peligro a los menores, sino que también perjudica a los centros autorizados. "No es lo mismo pagar 600 euros por un local cutre de 100 metros cuadrados sin luz, que pagar 450 metros cuadrados a 20 o 10 euros el metro cuadrado", explica Aznar, refiriéndose a los altos costes que afrontan las escuelas que cumplen con la ley.
El problema se agrava cuando se trata de la contratación de personal cualificado y la inversión en instalaciones adecuadas, gastos que los centros no autorizados evitan.
El sector también lucha contra la desinformación de las familias. "Las familias de Aragón creen que todos somos guarderías y que todos somos lo mismo", lamenta Aznar. PACEI se esfuerza en que se use el término "centros de educación infantil" para diferenciar los espacios que invierten en educación y seguridad de aquellos que él llama "aparcamientos de niños".
Los padres, atraídos por precios más bajos (unos 250 euros al mes, según Aznar) no son conscientes del riesgo. "Es muy fácil convencer a un padre en 10 minutos en la puerta", concluye Aznar, quien hace un llamamiento a la acción para que no sea "el azar" el que evite más tragedias.
