Indemnizan con 170.000 euros a la familia de un zaragozano al que no se le controló un tumor
El Gobierno de Aragón ha reconocido su responsabilidad patrimonial en la atención médica de un paciente zaragozano fallecido a los 61 años, tras no haberse realizado el control adecuado de un tumor que derivó en metástasis. La familia ha sido indemnizada con 169.254 euros, según la resolución administrativa dictada el pasado 25 de agosto de 2025.
El afectado, José M. P., nacido en 1964 y residente en Zaragoza, fue diagnosticado en 2015 de un tumor renal que requirió la extirpación del riñón derecho. Posteriormente, se le realizaron controles periódicos dentro del Servicio Aragonés de Salud (Salud), siendo el último un TAC torácico en abril de 2021.
Según el relato del Defensor del Paciente, que ha llevado el caso, después de esa prueba no se realizaron más controles ni se citó al paciente. En mayo de 2022, José ingresó en el Hospital Universitario Miguel Servet por hemiplejia derecha, somnolencia y pérdida de peso. En ese momento se le practicó un TAC cerebral, que reveló metástasis cerebrales, además de las lesiones pulmonares previamente existentes.
La familia fue informada entonces de que, en el TAC torácico de 2021, ya se apreciaban múltiples lesiones nodulares en ambos pulmones, pero que dicho resultado no se había comunicado ni al paciente ni a sus familiares, ni se habían programado consultas o controles posteriores. Esta falta de seguimiento impidió iniciar un tratamiento médico adecuado. El paciente falleció el 7 de febrero de 2023.
A raíz de estos hechos, la familia presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Gobierno de Aragón, representada por el abogado Ricardo Agóiz, colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente en Aragón.
En la instrucción del expediente administrativo, el Inspector Médico del Gobierno de Aragón reconoció expresamente la existencia de responsabilidad sanitaria:
“En el caso que nos ocupa, y analizada toda la información disponible, se considera que hay responsabilidad patrimonial por parte de esta Administración sanitaria, ya que el paciente no fue citado para recibir asistencia sanitaria ante los relevantes hallazgos encontrados en el TAC TAP de abril de 2021.”
Con base en este informe, la Administración autonómica resolvió el expediente el 25 de agosto de 2025, reconociendo el error y aprobando una indemnización de 169.254 euros, que fue abonada recientemente por la aseguradora a la familia del fallecido.
La defensa del caso fue ejercida por el letrado Ricardo Agóiz, especialista en Derecho Sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente en Aragón.
