Instalaza dejará Tenerías tras más de dos décadas de bloqueo urbanístico y se construirán 155 viviendas
El Ayuntamiento de Zaragoza da por fin carpetazo a una de las transformaciones urbanísticas más enquistadas del Casco Histórico. La compañía Instalaza abandonará su antigua sede del barrio de Tenerías, un espacio prácticamente en desuso desde hace años.
El próximo Consejo de Gerencia de Urbanismo llevará a aprobación la propuesta para someter a información pública el convenio de planeamiento del Área E-7, donde se ubican las antiguas instalaciones de Instalaza, en pleno barrio de Tenerías. La operación permitirá iniciar el proceso para sustituir esta actividad industrial, ya fuera de lugar en el entorno, por un nuevo desarrollo residencial largamente reclamado por los vecinos.
Según ha explicado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, el acuerdo fija el compromiso de la empresa de trasladar sus instalaciones fuera del casco urbano consolidado, manteniendo los puestos de trabajo. A cambio, el planeamiento elevará la edificabilidad y la densidad del ámbito, lo que hará viable su transformación en un nuevo espacio de viviendas.
UN CAMBIO HISTÓRICO
Con el nuevo convenio, el suelo pasará de zona E —que permitía mantener temporalmente un uso industrial ya obsoleto— a zona G, condición necesaria para un desarrollo residencial completo. El cambio se justifica en el “interés público”, tal y como ha sucedido, recordó Serrano, en otros enclaves industriales rodeados por la trama urbana.
El ámbito de intervención E-7 se sitúa en un punto estratégico, delimitado por el paseo de Echegaray y Caballero al noreste, el conjunto Aloy Sala al sureste, una zona verde triangular al suroeste y las calles Félix Rodríguez de la Fuente y Monreal al oeste. Se trata de un suelo que lleva más de dos décadas a la espera de una solución definitiva desde que el Plan General de Ordenación Urbana contempló su transformación en uso residencial.
Durante este tiempo se impulsaron distintos intentos de convenio urbanístico —en 2010, 2012 y 2013— que no llegaron a prosperar por motivos técnicos, políticos o de mercado. En todos los casos, la falta de acuerdo mantuvo una actividad industrial ya claramente desubicada frente a una ribera del Ebro completamente renovada.
155 VIVIENDAS
Tras meses de conversaciones entre la empresa y los técnicos municipales, la propuesta provisional establece que el número máximo de viviendas pase de las 90 actuales a 155 viviendas, lo que supone un aumento del 70% en edificabilidad y del 72% en densidad. De ellas, 31 serán viviendas de protección pública que se cederán al Ayuntamiento.
Aunque el incremento de edificabilidad se considera de menor entidad —el entorno cumple sobradamente con las exigencias de zonas verdes y espacios libres—, el convenio refuerza las cesiones municipales: pasarán del 50% del ámbito (5.342 m²) al 57,48%, es decir, 6.140,90 m².
La dotación prevista, sin embargo, queda por debajo de los mínimos, por lo que se compensa mediante un local municipal de 900 m², dividido en dos plantas bajas de 450 m² cada una, además de la cesión del 20% de vivienda protegida y una compensación económica estimada en 987.000 euros.
El traslado de Instalaza a terrenos próximos al antiguo polvorín de Cadrete implica un cambio de calificación de suelo no urbanizable en el nuevo emplazamiento, un trámite que se llevará en paralelo.
Para Serrano, esta operación “consigue desatascar un problema histórico generado hace más de 20 años y, sobre todo, da respuesta a una reivindicación vecinal que pedía el traslado de la actividad industrial”. Además, destacó que permitirá aumentar el patrimonio municipal con nuevas viviendas públicas y mejorar la integración urbana de la zona.
