Marian Orós: "Los ayuntamientos estamos afrontando solos la crisis migratoria que no nos corresponde"

La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, atiende a HOY ARAGÓN y defiende la gestión municipal frente al aumento del sinhogarismo y la situación en el Parque Bruil, donde medio centenar de personas permanecen asentadas.

Orós subraya que el Consistorio ha multiplicado los recursos habitacionales y reforzado la red de atención social, pero denuncia la “falta de coordinación y apoyo del Estado” ante un problema que, asegura, “ha desbordado las competencias locales”.

PREGUNTA. Consejera, las cifras de sinhogarismo han alcanzado máximos históricos en Zaragoza, una situación cuanto menos dramática y preocupante. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

RESPUESTA. Las cifras reales del incremento del sinhogarismo las conoceremos a finales de noviembre, cuando realizaremos un recuento de ciudad. En un principio, ese recuento iba a hacerse de forma conjunta con el Gobierno de España, dentro de un recuento nacional, pero finalmente el Ejecutivo decidió no llevarlo a cabo.

En nuestro caso consideramos importante hacerlo igualmente, para tener una fotografía real de la situación en Zaragoza. El incremento es evidente: los datos del albergue municipal —pernoctaciones, desayunos, comidas, cenas, duchas— muestran un aumento muy significativo. Queremos disponer de esa foto fija con la colaboración de Cruz Roja y también analizar el perfil de las personas afectadas.

Desde junio realizamos un recuento mensual en el entorno del parque y hemos detectado un aumento notable del perfil de jóvenes africanos, especialmente subsaharianos, en situación irregular. En 2024 llegaron a España alrededor de 64.000 personas —récord histórico—, de las cuales 47.000 lo hicieron a través de Canarias, por vía marítima. Estas personas están repartidas por todo el territorio nacional, porque este es un problema de dimensión estatal. El incremento que observamos en Zaragoza se repite, e incluso se multiplica, en ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao o Pamplona.

Muchas de estas personas llegan a través de los programas estatales de protección internacional o de ayuda humanitaria. El perfil que estamos viendo en Zaragoza combina dos realidades: por un lado, el sinhogarismo crónico, con personas que sufren adicciones o problemas de salud mental, y por otro, este nuevo sinhogarismo migrante, de jóvenes sin documentación que quedan fuera de los recursos estatales.

El origen del aumento está directamente relacionado con una mala gestión de la inmigración y un caos migratorio que acaba repercutiendo en los servicios sociales de las ciudades. Las consecuencias de esa falta de control son las que explican el esfuerzo extra que hoy están realizando los servicios especializados en Zaragoza.

"El origen del aumento -del sinhogarismo- está directamente relacionado con una mala gestión de la inmigración"

Esta semana, el Ayuntamiento ha anunciado cuatro pisos nuevos con capacidad para 20 jóvenes y que ya están ocupados. ¿Cómo se ha seleccionado a los beneficiarios y qué criterios se han seguido?

Estas viviendas ya están en funcionamiento desde finales de la semana pasada. Son cuatro pisos para cinco personas cada uno, y hemos llegado a un acuerdo con la Fundación Dolores Sopeña para desarrollar un proceso de inclusión sociolaboral, con talleres de español, obtención del graduado escolar y formación en oficios. No se trata solo de ofrecer una cama, sino de acompañar hacia la autonomía y el empleo.

La selección la realizan los trabajadores sociales del albergue, que hacen seguimiento de cada caso. Se prioriza el perfil de jóvenes subsaharianos en situación estable, sin adicciones ni problemas graves de salud mental. Su paso a estos pisos permite liberar espacio en el albergue, que es la puerta de entrada al sistema.

El objetivo, entonces, es liberar plazas del albergue municipal.

Exactamente. Queremos evitar que todo se concentre en el albergue, aunque sea el recurso más visible. Allí no solo se ofrece alojamiento, sino también desayunos, comidas, cenas y duchas a quienes están dentro y a quienes permanecen fuera.

Nuestra intención es "esponjar" la atención en toda la ciudad a través de viviendas más pequeñas, porque es una fórmula mucho más eficaz para la inclusión. Actualmente el albergue dispone de entre 140 y 160 plazas (dependiendo de la campaña de frío), mientras que el resto de la red suma 189 plazas en diferentes pisos distribuidos por la ciudad, 44 de ellos gestionados directamente por el Ayuntamiento y el resto por entidades como El Refugio o San Blas.

Vamos a ampliar 55 plazas más, modificando el proyecto original del albergue, que no contemplaba crecimiento. Habrá 40 nuevas plazas para hombres y 15 para mujeres, además de 45 plazas fuera del albergue, que podrían incrementarse según evolucione la demanda.

Además, también ha anunciado un proyecto piloto para 12 jóvenes sin hogar. ¿En qué consiste exactamente ese "proyecto piloto con metodología innovadora"? 

Hemos publicado en el perfil del contratante un contrato menor para que entidades sociales presenten proyectos innovadores en materia de sinhogarismo juvenil. Queremos que sea una experiencia integral, que trabaje la independencia, la convivencia, la autogestión, la inclusión y el acceso al empleo.

Seleccionaremos el proyecto más innovador, como ya se ha hecho en otras ciudades españolas, para ponerlo en marcha en Zaragoza cuanto antes.

El perfil de las personas sin hogar que se encuentran viviendo en las calles de Zaragoza ha cambiado mucho: ya no son solo personas cronificadas, sino también trabajadores precarios. ¿Qué datos maneja el Ayuntamiento sobre este nuevo tipo de sinhogarismo laboral?

El sinhogarismo laboral es una realidad muy difícil de cuantificar. En el albergue hay actualmente unas ocho personas con empleo, pero sabemos que hay más casos fuera del sistema.

Hace unos meses, al desalojar un local en Parque Roma, aparecieron 80 personas que trabajaban legalmente y vivían allí por no poder pagar un alquiler. Es un fenómeno creciente que tiene su origen en la inflación, el encarecimiento de la vivienda y la falta de oferta de alquiler asequible.

Estamos trabajando con entidades y empresas para crear espacios habitacionales dignos para trabajadores vulnerables, en su mayoría inmigrantes, y haciendo pedagogía: muchas de estas personas envían gran parte de su salario a sus países, quedándose sin recursos para vivir aquí. También queremos implicar a las empresas en esta tarea, desde la responsabilidad social corporativa.

Los vecinos del entorno del Parque Bruil llevan meses denunciando problemas de inseguridad y convivencia. ¿Por qué se ha permitido que el asentamiento crezca hasta superar el medio centenar de personas?

Desde Política Social nos encargamos del acompañamiento y la atención, no de las actuaciones coercitivas. Entiendo perfectamente a los vecinos —yo misma vivo en el barrio—, y sé que la situación es muy dura tanto para ellos como para las personas que están allí.

Estamos trabajando intensamente para habilitar unas 100 nuevas plazas y poder sacar de la calle a esas 40 o 50 personas que permanecen en el entorno del parque. El Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo enorme para ampliar recursos, pero hay que ir a la raíz del problema: mientras no exista una política migratoria ordenada y vinculada al empleo, esta situación se repetirá. La migración puede ser una gran oportunidad, pero si no se gestiona bien, se convierte en un problema.

Afirma que los ayuntamientos están afrontando solos un problema que excede sus competencias. ¿Se siente el Ayuntamiento de Zaragoza abandonado por la Delegación de Gobierno?

Sí, y lo digo con claridad. En septiembre nos reunimos con la Delegación del Gobierno y parecía que íbamos a coordinar acciones. De hecho, entonces sí se retiró del parque a algunas personas con derecho a protección internacional.

Pero el problema sigue siendo administrativo: para entrar en un recurso estatal de protección internacional se necesita un documento de Extranjería, que tarda seis meses en tramitarse. Nosotros pedimos que se acelere ese proceso y que el Gobierno se haga cargo cuanto antes de quienes tienen derecho reconocido.

En cuanto a las personas en situación irregular, la legislación también debería revisarse. El arraigo, que es una figura excepcional, se ha convertido en la vía habitual: dos años de espera sin poder trabajar ni integrarse. Y eso genera exclusión.

Además, hay casos de personas con orden de extradición por delitos cometidos que siguen en la ciudad. Eso es competencia exclusiva del Gobierno de España, y debe actuar.

¿Es entonces una dejación de funciones o un problema de gestión?

Es un problema de gestión y de enfoque. Mientras nadie levantaba la voz, los ayuntamientos nos encargábamos de todo. Estamos afrontando solos la crisis migratoria que no nos corresponde. El Gobierno central tiene más competencias, más recursos y más capacidad de actuación. Esto no es un problema local, es un problema nacional que requiere coordinación real y acciones eficaces.

En octubre había 321 plazas libres de protección internacional en Aragón. ¿Ha recibido alguna respuesta del Ministerio?

No. Esa cifra es oficial y procede del propio Ministerio, aunque puede variar cada mes. En su momento pedimos recibir información mensual directa sobre los recursos disponibles, las personas que entran y salen y su situación administrativa, pero nunca hemos recibido ningún informe. Nos enteramos de la ocupación de los recursos por terceros, no por la Delegación del Gobierno.

¿Teme que, si esta falta de coordinación por parte del Estado se mantiene, Zaragoza pueda volver a vivir situaciones como la del Parque Bruil en otros puntos de la ciudad?

Espero que no, sinceramente. Pero debemos ser realistas: las personas sin hogar tienden a permanecer cerca de los recursos donde pueden ducharse, comer, recibir atención médica o acompañamiento. Por eso es previsible que siempre haya presencia en el entorno del albergue o de otras entidades.

Nuestro objetivo es que sean las menos posibles, pero también hay que entender que hay personas que no quieren entrar en los recursos por distintas razones: adicciones, salud mental, o simplemente porque rechazan la convivencia en grupo.

Aun así, trabajamos para que el sinhogarismo sea lo menos visible y lo más atendido posible, con programas específicos desde el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones (CMAPA), aunque cuesta mucho que algunas personas acepten ayuda.

Con la ampliación de 55 plazas en el albergue municipal, los cuatro pisos para jóvenes, el proyecto piloto y un piso con capacidad para 25 hombres, Zaragoza pasará a tener 112 nuevas plazas para personas sin hogar. ¿Considera que es suficiente para cubrir la demanda actual?

A corto plazo, sí. Con los nuevos pisos, las 55 plazas adicionales en el albergue y el contrato menor para 12 jóvenes, creemos que se cubrirá buena parte de la demanda actual. Pero la situación puede variar mucho: dependerá del invierno, del flujo migratorio y de factores externos como la inflación o la vivienda.

Seguiremos ampliando recursos si es necesario, y pronto anunciaremos nuevas plazas descentralizadas. Quiero destacar el enorme trabajo de todo el personal del albergue y de la red social de Zaragoza, que colabora estrechamente con nosotros. El techo es solo el primer paso; lo importante es lograr inclusión, integración y autonomía, que las personas sin hogar puedan construir un proyecto de vida en nuestra ciudad.