El nuevo plan de Chueca para los barrios rurales: más unifamiliares y pisos encima de un centro cívico
El Ayuntamiento de Zaragoza plantea una reforma “quirúrgica” del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para desbloquear suelo que lleva décadas paralizado y adaptarlo a la realidad actual de la ciudad. Una modificación que, según ha defendido la alcaldesa Natalia Chueca, permitirá pasar de “macroplanes imposibles” diseñados en plena burbuja inmobiliaria a desarrollos pequeños, viables y ajustados a la demanda real, con un doble objetivo: facilitar la construcción de vivienda en los barrios rurales y reforzar la vivienda pública de alquiler asequible, especialmente para jóvenes.
“Tenemos suelo disponible para construir miles de viviendas, planes aprobados y terrenos bloqueados, pero las viviendas no llegan. Eso es lo que queremos solucionar”, ha explicado la alcaldesa, que ha subrayado que el actual PGOU, aprobado en 2001, responde a “otra época” y a un mercado inmobiliario que ya no existe. “El problema nacional de la vivienda no queremos que sea un problema en Zaragoza, o que lo sea menos”, ha afirmado.
La clave del cambio está en flexibilizar el planeamiento para hacerlo ejecutable. Frente a grandes sectores urbanizables con elevados costes de urbanización, la propuesta municipal apuesta por permitir desarrollos de menor tamaño, fases más asumibles y tipologías más acordes con el entorno de los barrios rurales, como viviendas unifamiliares o edificios de baja densidad. “Se trata de construir de forma realista”, ha resumido Chueca.
Uno de los ejes de esta modificación es la introducción de los llamados ámbitos polisectoriales. A través de este mecanismo, los costes de urbanización más elevados, habituales en desarrollos de baja densidad como los barrios rurales, podrán compensarse con otros sectores situados dentro de la Z-40, en la ciudad consolidada, donde la edificabilidad es mayor y los proyectos resultan más rentables. “Repartimos mejor las cargas para que los proyectos salgan adelante”, ha explicado la alcaldesa.
Esto permitirá que los planes parciales de los barrios rurales contemplen tipos residenciales más atractivos y acordes con su entorno, o incluso que parte del suelo se urbanice de forma básica y se ceda gratuitamente al Ayuntamiento para futuras políticas de vivienda pública o dotaciones. A cambio, otros sectores de la ciudad interior asumirán mayor edificabilidad, siempre dentro de unos límites máximos establecidos.
Pero el cambio no se limita a los nuevos desarrollos. La reforma del PGOU también abre la puerta a un uso más eficiente del suelo público en la ciudad consolidada, sin perder equipamientos. Chueca ha puesto un ejemplo muy gráfico: construir vivienda pública de alquiler sobre un equipamiento ya previsto. “Imaginemos un centro cívico como el de Vía Hispanidad. Las dos o tres primeras plantas se destinan al equipamiento, con los mismos metros cuadrados previstos, y en las plantas superiores se construye vivienda pública de alquiler asequible”, ha explicado.
De esta forma, se mantienen intactos los espacios destinados a servicios públicos, pero se incrementa la edificabilidad para responder al problema del acceso a la vivienda. “Donde antes no se podía, ahora sí”, ha subrayado la alcaldesa, que ha defendido esta fórmula como una manera de generar “más vida en los barrios”, tanto en los nuevos como en los ya consolidados, y de aprovechar mejor el suelo público.
El Ayuntamiento insiste en que se trata de una solución técnica con un fuerte impacto social. No solo por el aumento de la oferta de vivienda asequible, sino también porque puede contribuir a contener los precios y a evitar que los jóvenes se vean expulsados de la ciudad. “Estamos hablando de vivienda pública de alquiler, que es una prioridad absoluta para este gobierno”, ha recordado Chueca, en referencia a lo que ha calificado como la mayor apuesta por este tipo de vivienda en la historia de Zaragoza.
La tramitación de la modificación ya está en marcha. En primer lugar, el Gobierno municipal se reunirá con los alcaldes de los barrios rurales, que fueron quienes trasladaron al Ayuntamiento la necesidad de adaptar un PGOU que impedía construir vivienda en sus núcleos. Posteriormente, el consejero de Urbanismo llevará la propuesta a la Comisión de Urbanismo el próximo 16 de febrero para compartirla con todos los grupos municipales.
A partir de ahí, se abrirá un periodo de consulta pública para recoger aportaciones y enriquecer el texto. El objetivo del Ayuntamiento es que la modificación pueda quedar aprobada como muy tarde en julio, dotando a la ciudad de “una herramienta más” para impulsar la construcción de vivienda y aliviar la presión sobre el mercado. “Facilitar la oferta es clave para evitar que los precios sigan subiendo”, ha concluido la alcaldesa.
