El plan de la DPZ para redefinir los municipios más pequeños
El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha presentado una serie de propuestas en la comisión especial de las Cortes de Aragón dedicada a analizar la creación de un estatuto jurídico específico para pequeños y medianos municipios. En su intervención, Sánchez Quero planteó un conjunto de medidas que buscan simplificar y hacer más eficiente la gestión en localidades con recursos limitados, apuntando principalmente a la reducción de los órganos de gobierno y una redefinición de sus competencias.
Desde la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se han compartido los detalles de estas propuestas, que incluyen siete medidas concretas. La primera de ellas sugiere que la estructura de los municipios se limite a tres órganos de gobierno básicos: el alcalde, el teniente de alcalde y el pleno. Asimismo, plantea redefinir las competencias asignadas a cada uno de estos órganos y adaptar la periodicidad de las sesiones plenarias para hacerlas más funcionales y menos exigentes para los pequeños municipios.
Otra de las propuestas significativas es eximir a los pequeños y medianos municipios de la obligación de prestar ciertos servicios mínimos que actualmente establece la Ley de Bases del Régimen Local. Sánchez Quero considera que este requisito impone cargas excesivas a estas localidades, las cuales a menudo no cuentan con los recursos humanos y económicos para cubrir todas estas demandas.
Entre las sugerencias planteadas también se encuentra la simplificación de las normativas administrativas y presupuestarias que deben seguir los municipios. Sánchez Quero propone eximir a los ayuntamientos pequeños de tener que desarrollar ciertos instrumentos de planificación, como los planes normativos, de contratación y de subvenciones. Además, sugiere flexibilizar las reglas de control financiero y de rendición de cuentas, que suelen suponer una carga burocrática adicional para localidades con escaso personal administrativo.
Otra medida propone modificar el régimen de personal, afectando particularmente a los funcionarios con habilitación nacional, para facilitar la contratación y gestión del personal municipal en estos municipios. También, sugiere un régimen especial en materia de contratos públicos, proponiendo incrementar los límites del contrato menor y ajustar las incompatibilidades de los miembros de las corporaciones municipales. Según Sánchez Quero, esta medida permitiría que los pequeños ayuntamientos utilicen sus contratos para impulsar la economía local, fomentando la inclusión de cláusulas que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas y el consumo de productos de proximidad.
LA URGENCIA DE UNA FINANCIACIÓN ADECUADA
Durante su intervención, Sánchez Quero enfatizó que desde el inicio de la Democracia en España, las necesidades de los municipios, especialmente los pequeños, no han sido atendidas de manera suficiente. Según él, el sistema de financiación actual es “notoriamente insuficiente” para que los municipios puedan cubrir sus competencias y responder de manera eficaz a las demandas de sus habitantes.
Aunque todos los ayuntamientos enfrentan desafíos financieros, este problema es particularmente grave en los municipios pequeños y medianos, que, a pesar de contar con menos recursos, deben cumplir con las mismas obligaciones y adaptarse a las mismas normas de funcionamiento que aquellos de mayor tamaño. Sánchez Quero destacó que estas localidades enfrentan limitaciones en términos de recursos humanos, económicos y materiales, a lo que se suman complejas reglas de gestión que dificultan aún más su administración.
Finalmente, Sánchez Quero señaló que aunque la ley define a los pequeños municipios como aquellos con menos de 5.000 habitantes (que en Zaragoza representan el 95% de los 292 municipios), cada uno enfrenta una realidad distinta. Esta diversidad hace necesario, según él, un marco regulador que contemple las particularidades de cada municipio y que facilite su gestión de acuerdo con sus necesidades y capacidades reales.
