Radiografía del caos en el Parque de Atracciones de Zaragoza entre los Morte y los argentinos Fénix Entertainment
El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza se complica y amenaza con encallar uno de los grandes proyectos del Gobierno municipal de Natalia Chueca que, a día de hoy, nace herido. El plazo para formalizar el traspaso a la nueva adjudicataria, Moncayo Leisure, ha vencido sin que se haya firmado el acta de entrega, mientras se enquista la negociación del ERTE que afecta a la plantilla.
Todo ello en un contexto especialmente complejo, ya que la propia empresa adjudicataria está participada en un 80% por el grupo argentino Fénix Entertainment y en un 20% por la actual gestora del recinto, Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ), vinculada a la familia Morte, lo que introduce intereses cruzados y pone en riesgo el arranque del anunciado relanzamiento del parque.
El plazo para formalizar la entrega de las instalaciones vencía este martes sin que se haya producido la firma del acta, un paso imprescindible para que la nueva concesionaria asuma oficialmente la gestión y comience a contar el periodo de explotación de 50 años.
Según fuentes conocedoras del proceso, la empresa está analizando la situación actual del recinto, especialmente en lo relativo a las instalaciones que han revertido al Ayuntamiento, así como el impacto que podría tener la entrada en concurso de acreedores de PAZ en el equilibrio económico de la concesión.
Esta falta de firma mantiene en suspenso todo el proceso y deja al parque sin un gestor efectivo a corto plazo.
En paralelo, la negociación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a la plantilla ha terminado sin acuerdo en la reunión celebrada este martes. No obstante, las partes han decidido mantener abierta la negociación hasta el próximo 6 de abril.
Los sindicatos han reclamado más información económica a la empresa para poder avanzar en las condiciones del expediente.
La situación laboral refleja el bloqueo actual. Parte de la plantilla continúa acudiendo a sus puestos de trabajo pese a que el parque permanece cerrado, en algunos casos sin tareas asignadas, mientras otros trabajadores ni siquiera han podido incorporarse al inicio de la temporada. En total, cerca de 80 empleados, muchos de ellos fijos discontinuos, dependen de una solución que sigue sin concretarse.
Uno de los puntos clave que sobrevuela el conflicto es si la nueva adjudicataria debería haber asumido ya a los trabajadores. Fuentes del entorno del proceso plantean la duda de si, una vez adjudicada la concesión, Moncayo Leisure tendría que haber procedido a la subrogación de la plantilla, incluso sin haberse formalizado el acta de entrega, al menos bajo fórmulas temporales como un ERTE.
El contexto se complica aún más por la propia estructura de la empresa adjudicataria. Moncayo Leisure está participada en un 80% por el grupo argentino Fénix Entertainment y en un 20% por la actual gestora del parque, PAZ, lo que introduce un escenario de intereses cruzados entre las partes implicadas en el relevo.
Mientras PAZ continúa gestionando el recinto en una situación económica delicada, ambas partes siguen negociando para tratar de reconducir el proceso.
Pese al bloqueo actual, fuentes cercanas a la operación aseguran que todavía se está trabajando para evitar una ruptura del acuerdo. No se descarta que las partes puedan alcanzar un entendimiento a lo largo de este año que permita desbloquear la situación.
Por ahora, la actual gestora mantiene como objetivo dar servicio a los eventos ya contratados, mientras el parque sigue sin actividad y sin una fecha clara de reapertura.
POSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Por su parte, fuentes municipales señalan que el conflicto actual afecta directamente a los socios de la concesión y subrayan que son ellos quienes deben resolver sus diferencias. Desde el Ayuntamiento recuerdan que la adjudicación ya está realizada y que existe “un concesionario claro”, por lo que cualquier paso se dará conforme a lo establecido en los pliegos. En este sentido, apuntan a que se actuará en función de la interpretación del contrato y con el objetivo de garantizar el interés público, mientras continúan las reuniones técnicas para tratar de desbloquear la situación.
