El solar del 'olvido' de Zaragoza: del intento de viviendas a un simple parking

El solar de la calle Embarcadero, en el barrio zaragozano de Casablanca, se ha convertido en un símbolo de los desencuentros entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

Lo que en apariencia es un simple aparcamiento improvisado es, en realidad, un espacio en disputa desde hace más de dos décadas, ahora reavivado tras la denuncia del PSOE de Zaragoza, que acusa a la alcaldesa Natalia Chueca de "malgastar" fondos municipales en un suelo que no pertenece al consistorio.

La concejal socialista Marta Aparicio criticó este jueves que el Gobierno de la ciudad haya invertido 100.000 euros en acondicionar la parcela, propiedad del Ejecutivo autonómico, algo que consideró "muy grave política y jurídicamente".

Aparicio se preguntó si el Ayuntamiento piensa reclamar al Gobierno de Aragón la devolución de ese dinero: "Cuando se limpia un solar privado de forma subsidiaria, después se exige el gasto al propietario. ¿Vamos a hacerlo también con Azcón o vamos a seguir gestionando de una manera tan dudosa?", ironizó.

La edil del PSOE fue más allá y acusó al PP de "tomar el pelo a los zaragozanos" al permitir que, por estar ambas instituciones en manos del mismo partido, "se regalen suelos dotacionales y se prioricen intereses políticos sobre el beneficio de la ciudad".

UNA HISTORIA DE IDAS Y VENIDAS

La polémica de Embarcadero no es nueva. La parcela, de unos 17.000 metros cuadrados junto al parque de los Incrédulos, estaba destinada en el planeamiento a 186 viviendas, en su mayoría libres. Sin embargo, la fuerte oposición vecinal —en un barrio con más de 1.600 pisos sin garaje— frenó cualquier intento de edificación y empujó al Ayuntamiento a buscar una salida negociada.

En 2021, Ayuntamiento y DGA, entonces gobernados por PP y PSOE respectivamente, acordaron un intercambio de suelos: el solar de Embarcadero seguiría como aparcamiento y, a cambio, el Ejecutivo autonómico recibiría varias parcelas en distintos puntos de la ciudad (entre ellas, la de la antigua fábrica de Alumalsa, con capacidad para más de un centenar de viviendas públicas). El pacto, valorado en más de 11 millones de euros, nunca llegó a cerrarse.

Las tensiones políticas escalaron y, antes de que concluyera la legislatura, el Gobierno de Aragón presentó incluso un recurso contencioso contra el Ayuntamiento por incumplir lo pactado.

Con la llegada del PP tanto al Ayuntamiento como a la DGA, en 2023 se retomó la negociación con un nuevo acuerdo: el solar de Casablanca pasaría al consistorio y el Ejecutivo autonómico recibiría otras parcelas en Alumalsa, Torre Ramona, Picarral y Arcosur. Sin embargo, el traspaso tampoco se ha materializado, principalmente por problemas registrales y porque el Ayuntamiento ha decidido poner a la venta la parcela de Alumalsa para levantar vivienda libre, complicando aún más el intercambio.

Mientras tanto, el solar de Embarcadero sigue funcionando como aparcamiento provisional, aunque solo fue acondicionado en el verano de 2023, con la eliminación de baches y mejoras en el firme, lo que supuso ese desembolso de 100.000 euros que ahora ha destapado la polémica.

LA COLABORACIÓN EN ENTREDICHO

Para el PSOE, este caso ejemplifica que la llamada “colaboración institucional” entre Chueca y Azcón es, en realidad, un “trato de favor” que acaba costando dinero a los zaragozanos. Aparicio insistió en que el Ayuntamiento está sacrificando suelo dotacional y asumiendo gastos que corresponden al Ejecutivo autonómico, mientras permanecen sin resolver otros asuntos clave como la depuradora, el Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales o el convenio económico-financiero entre ambas instituciones.