El día que el pequeño Reino de Aragón se atrevió a plantar cara al monarca más poderoso de Europa

La historia de Aragón suele contarse casi siempre en clave medieval: reyes, batallas y fueros antiguos. Mucho menos conocido es un episodio clave ya en pleno siglo XVI, cuando el pequeño Reino de Aragón se atrevió a plantar cara al monarca más poderoso de Europa para defender sus leyes. Es la llamada Rebelión de Aragón de 1591, durante años disfrazada como “alteraciones” o “sucesos”, pero que fue, en esencia, un levantamiento civil en defensa del derecho propio.

Del esplendor imperial al malestar en Aragón

A finales del siglo XVI habían pasado ya 75 años desde la muerte de Fernando el Católico. El imperio tejido por Carlos I y continuado por Felipe II había convertido a Castilla en el corazón político y financiero de la Monarquía Hispánica. La antigua Corona de Aragón quedaba relegada a un papel secundario y el Reino de Aragón, con poca población y recursos limitados, veía cómo sus fueros pesaban cada vez menos en las grandes decisiones.

La tensión no nació de golpe. El Tribunal de la Inquisición llevaba años chocando con el entramado jurídico aragonés, saltándose garantías que protegían a los vecinos. El conflicto por el condado de Ribagorza, los problemas en Albarracín y Teruel o la figura del “virrey extranjero” —un cargo clave ocupado por personas no aragonesas, en contra de la letra foral— alimentaban la sensación de agravio.

A esto se sumaba el malestar con el Privilegio de los Veinte, que otorgaba a Zaragoza una capacidad de decisión enorme frente al resto del territorio, generando fricciones internas. Las Cortes de 1563-64 y 1585 ya habían evidenciado el choque entre el Reino y la Corona. En 1589, una embajada de la Diputación a la corte fue prácticamente ignorada, y a su vuelta el conde de Aranda dejó una frase que resume el clima de la época: “Los problemas de Aragón se solucionan en Aragón”. La ruptura emocional con el rey estaba servida.

Antonio Pérez, el hombre que encendió la mecha

En ese contexto cargado de tensión irrumpe el nombre que lo cambiará todo: Antonio Pérez, antiguo secretario de Felipe II, caído en desgracia y perseguido judicialmente en Castilla. Huyendo de esa persecución, cruza la raya aragonesa y se acoge al derecho de manifestación, una figura histórica que permitía ponerse bajo la protección del Justicia de Aragón para evitar detenciones arbitrarias.

Tras pasar por Calatayud, Pérez es trasladado a Zaragoza y recluido en la Cárcel de Manifestados, junto a la plaza del Mercado. Ahí aflora el problema de fondo: llega con once años de prisión a cuestas y signos evidentes de tortura. Y en Aragón el tormento estaba prohibido desde el siglo XIII. Los fueros establecían que un reo torturado no podía volver a ser juzgado por los mismos hechos e incluso podía quedar en libertad.

Los juristas del rey intentan encontrar una salida, pero el propio expediente y las marcas físicas del preso hacen imposible negar lo ocurrido. Otra norma clave prohíbe, además, trasladar a un detenido fuera del reino para ser procesado. Pérez, protegido por el armazón legal aragonés, se convierte en un asunto de Estado. La solución que se empieza a barajar en la corte es sacarlo de la órbita de los fueros y llevar el caso a la Inquisición, con reglas procesales mucho más favorables a los intereses del monarca.

Zaragoza se levanta: la ciudad contra el traslado

Mientras las maniobras jurídicas avanzan, en Zaragoza crece la indignación. Parte de la opinión pública ve en Antonio Pérez menos a un intrigante cortesano que a un símbolo: el de las instituciones aragonesas atropelladas por decisiones tomadas lejos del reino.

En mayo de 1591, cuando se decide trasladar al reo desde la Cárcel de Manifestados a la prisión inquisitorial de la Aljafería, la ciudad estalla. Una multitud sale a la calle para impedirlo. En el tumulto resulta herido de muerte el virrey Diego de Heredia, conde de Almenara. La presión es tal que las autoridades terminan devolviendo a Pérez a la cárcel foral, lo que se vive como una victoria popular y refuerza la idea de que Aragón puede plantarse.

Lejos de calmarse, el pulso continúa. En septiembre se intenta de nuevo la entrega a la Inquisición, esta vez con una fuerte escolta armada y el ambiente más enconado. La operación acaba en otro enfrentamiento violento, con muertos y heridos, pero el resultado es aún más inesperado para la Corona: los amotinados consiguen sacar a Pérez de prisión y facilitar su huida hacia Bearne, ya en territorio francés.

Felipe II decide entrar con un ejército

En Madrid, Felipe II llevaba tiempo valorando la opción que hasta entonces había intentado evitar: una intervención militar directa en uno de sus propios reinos. En plena guerra de Flandes y con frentes abiertos en medio mundo, el rey ordena movilizar un contingente de primera línea: más de 14.000 infantes, unos 2.000 jinetes y artillería pesada, una fuerza comparable a la destinada a grandes campañas exteriores.

El objetivo real no es solo “restaurar el orden”, sino enviar un mensaje inequívoco: los fueros tienen un límite cuando chocan con la voluntad real. Consciente del impacto que tendría reconocer abiertamente una invasión interna, la Corona diseña una coartada. Comunica a la Diputación y a las ciudades que el ejército se dirige a Francia y que simplemente atravesará Aragón de paso.

Incluso permite que comisarios aragoneses marquen rutas y alojamientos, mientras meses antes se han retirado discretamente los tercios aragoneses veteranos para evitar que puedan liderar una defensa organizada. En noviembre de 1591, las tropas entran en el reino por Ágreda y Alfaro y comienzan su avance hacia Zaragoza.

Lanuza declara el contrafuero y Aragón se arma

Cuando se confirma que el ejército real se acerca a la capital, el Justicia Juan de Lanuza V se ve obligado a tomar postura. Presionado por la Diputación y por una ciudad movilizada, declara que la entrada de esas tropas vulnera los fueros, que prohíben el paso de fuerzas “extranjeras” sin consentimiento del reino. Proclama oficialmente el contrafuero y se decide organizar la defensa.

Se envían mensajes a villas y ciudades para reclutar hombres y reunir armas; también se pide apoyo al Principado de Cataluña y al Reino de Valencia. Sobre el papel se habla de un posible contingente de hasta 24.000 efectivos, pero la realidad es mucho más modesta: en torno a 2.000 voluntarios, en su mayoría campesinos y artesanos sin experiencia de guerra.

Frente a ellos marchan los tercios viejos de Alonso de Vargas, curtidos en Flandes y en campañas mediterráneas, disciplinados y con órdenes claras de evitar saqueos para no perder apoyos entre la nobleza local. Las tropas aragonesas salen de Zaragoza el 8 de noviembre y acampan en Utebo, con posiciones en Monzalbarba y Casetas.

El propio Justicia ordena volar el puente sobre el Jalón en Alagón para frenar el avance realista, pero la orden no se ejecuta. Los hombres de Vargas encuentran el paso intacto y sin vigilancia y cruzan sin oposición. A partir de ahí, la diferencia de preparación y mando hace el resto.

Ocupación, ejecuciones y recorte del sistema foral

La entrada de las tropas del rey en Zaragoza no se produce sin coste: más de 600 soldados resultan heridos, signo de que hubo puntos de resistencia. Pero el desenlace estaba decidido desde el momento en que se enfrentaban tercios profesionales a un contingente improvisado. La ciudad cae, la defensa foral salta por los aires y empieza la fase de castigo.

El símbolo más duro llega con el arresto y ejecución del Justicia. Juan de Lanuza es decapitado en la plaza del Mercado a finales de diciembre. El pregón que acompaña la sentencia lo presenta como “traidor” y “convocador del reino” por haber levantado estandarte frente a su señor. El mensaje es directo: nadie, ni siquiera la máxima figura garantista del orden jurídico aragonés, puede anteponer los fueros a la autoridad real sin asumir consecuencias extremas.

Al año siguiente, en 1592, Felipe II convoca Cortes en Tarazona. No liquida de golpe el sistema foral, pero sí lo recorta y lo adapta a una monarquía cada vez más centralista. Se limitan atribuciones de la Diputación y del Justicia, se refuerza el papel del virrey y se blindan mecanismos para evitar que un caso como el de Antonio Pérez vuelva a proporcionar al reino un margen tan amplio de resistencia legal.

Los fueros aragoneses seguirán formalmente vivos hasta los Decretos de Nueva Planta del siglo XVIII, pero la capacidad de oponerse a la Corona queda seriamente dañada.

Rebelión, sí; pero en defensa de la ley

Durante mucho tiempo, el relato oficial presentó 1591 como una revuelta confusa, azuzada por un personaje intrigante y por intereses corporativos. Sin embargo, el análisis de los hechos muestra otra cara: para buena parte de la sociedad aragonesa, no se trataba de derribar al rey, sino de obligarle a respetar unas leyes que él mismo había jurado en la Seo de Zaragoza.

El conflicto se puede resumir así: no fue tanto “Aragón contra Felipe II” como “los fueros de Aragón frente a una forma de gobernar que pretendía situarse por encima de cualquier límite jurídico”. De ahí que figuras como el conde de Aranda insistieran en que los problemas del reino debían tratarse en Aragón, en Cortes, mediante pacto, y no desde despachos lejanos.

Más de cuatro siglos después, la Rebelión de Aragón sigue siendo uno de los capítulos que mejor explica la personalidad política del territorio: un país pequeño, consciente de su historia e instituciones, dispuesto a defenderlas incluso frente al poder más fuerte de su tiempo.

No fue un simple pie de página en la biografía de Felipe II, sino el recordatorio de que, también en la Monarquía Hispánica, el derecho podía ser escenario de un pulso histórico.