Dos jóvenes de Huesca van al examen para recuperar los puntos del carnet en su propio coche
Lo que debía ser un paso más en la recuperación de sus permisos de conducir, se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza judicial para dos vecinos de la provincia de Huesca, que han sido investigados por la Guardia Civil por conducir sin carnet. El hecho insólito ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando ambos acudieron por separado en sus vehículos particulares a un centro de formación autorizado de la capital altoaragonesa para asistir a un curso de sensibilización y reeducación vial, requisito obligatorio para recuperar el carnet.
Durante las inspecciones habituales que realiza el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca en estos centros, los agentes detectaron que uno de los asistentes tenía en vigor una pérdida total de puntos, lo que supone una pérdida de vigencia del permiso. Pocos minutos después, identificaron a otro participante que también había acudido conduciendo su coche, pese a que tenía una suspensión judicial del carnet, impuesta mediante sentencia firme.
Ambos fueron investigados como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial, una infracción tipificada en el artículo 384 del Código Penal, que castiga la conducción de un vehículo a motor habiendo perdido la vigencia del permiso, ya sea por retirada de puntos o por condena judicial.
Se trata de dos varones de 33 y 49 años, residentes en la comarca del Alto Gállego y en la ciudad de Huesca, respectivamente. Las diligencias fueron instruidas por la Guardia Civil y trasladadas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Huesca, quedando ambos a disposición judicial.
El suceso ha generado sorpresa en los propios centros de formación y entre los cuerpos de seguridad, ya que evidencia una falta de conciencia sobre la gravedad de conducir sin autorización, incluso en un contexto donde se pretende recuperar el derecho a hacerlo. Desde la Guardia Civil recuerdan que la retirada del permiso implica la prohibición total de ponerse al volante, independientemente de las circunstancias, y que incumplir esta norma puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad.
