Un nuevo testimonio reabre la polémica sobre el caso de abusos en México y el papel del hoy obispo de Huesca
La denuncia por encubrimiento presentada contra Pedro Aguado —hoy obispo de Huesca y Jaca y entonces prepósito general de las Escuelas Pías— ha dado un vuelco tras la irrupción de un segundo sacerdote, Baltazar Sánchez, que afirma haber informado en 2010 a la cúpula escolapia de los abusos cometidos en México por el exreligioso José Miguel Flores Martínez.
La versión, publicada este 11 de octubre por El País, confronta con la cronología defendida por la Orden y con pasajes de la denuncia del propio Javier Alcántara ante la Fiscalía General de Ciudad de México, a los que tuvo acceso EL DIARIO DE HUESCA en su exclusiva del 15 de septiembre de 2025.
El punto de fricción: 2010 o 2019
Sánchez, que dejó la Orden hace cuatro años y ejerce el ministerio en Nueva York, sostiene que trasladó personalmente a Aguado las agresiones de Flores a dos menores ya en 2010, de modo que tanto el entonces superior general como la provincia mexicana habrían tenido conocimiento una década antes de la investigación formal.
La Orden de las Escuelas Pías rechaza de plano esa datación. Remite, además, a lo que Alcántara declara en su propia denuncia: que el sacerdote Baltazar percibió la situación y quiso denunciarla, pero el joven se opuso y alertó al agresor de las intenciones de su compañero.
El documento —obra en poder de este medio— señala más adelante que el primer encuentro formal con responsables de la Orden se produjo el 7 de octubre de 2019 en un hotel de Cancún.
En ese mismo escrito, Alcántara relata que el 28 de junio de 2018 decidió contar lo ocurrido a su madre y contactar con la Curia general en Roma. Según su testimonio, Pedro Aguado respondió de inmediato, ofreció recibirles en la sede romana e incluso facilitó billetes de avión y una ayuda para la estancia.
La posición oficial de la Orden
Consultada de nuevo por este diario, la Orden escolapia mantiene el núcleo de su versión: reconoce el fallo institucional por haber ocurrido el delito en ámbitos bajo su responsabilidad —“fallamos indiscutiblemente porque ese delito se produjo con una víctima que estaba bajo nuestra tutela”—, pero defiende la gestión de Aguado a partir del primer aviso verificado.
Asegura que la actuación del entonces superior fue “diligente, transparente y responsable”, y que se procuró a la víctima “todo el confort que se puede dar, espiritual y económicamente, a quien ha sufrido semejante desgarro”.
En el plano canónico, la Orden recuerda que el caso se elevó a la Santa Sede en 2019 y que, en octubre de 2020, Vaticano impuso a José Miguel Flores la dimisión del estado clerical, ratificando su expulsión definitiva de las Escuelas Pías. El exreligioso falleció en 2022, extremo que ya fue documentado con el acta de defunción publicada por este medio el pasado 15 de junio.
Respecto a la afirmación de Alcántara de que el agresor ofició misas tras su expulsión, la Orden sostiene que no tenía constancia y subraya que, en cualquier caso, Flores ya no pertenecía a su institución. Como saldo de este caso, las Escuelas Pías aseguran haber reforzado protocolos de prevención y actuación frente a abusos.
El testimonio de Baltazar y la pieza que falta
La nueva pieza que aporta Baltazar Sánchez —el supuesto aviso en 2010— deja aún zonas grises. Si, como sostiene, trasladó la información a la jerarquía en ese momento, no consta que lo comunicara al propio Alcántara, que en su denuncia expresa que se opuso a esa revelación cuando el sacerdote detectó la situación y quiso denunciarla. Esa tensión entre voluntad de la víctima y deber de denuncia está en el centro del debate canónico y penal que ahora se reabre.
En el terreno civil y penal, la Orden declara su disposición a afrontar cualquier proceso que se derive del procedimiento iniciado en México. En el ámbito canónico, reivindica que el expediente se tramitó con arreglo a derecho y que la pena máxima aplicable —laicización y expulsión— se ejecutó.
Queda por ver si la Fiscalía y los tribunales consideran suficiente la cronología de 2019 o si el testimonio de Baltazar Sánchez abre una vía probatoria hacia 2010. En ese punto, la existencia de registros escritos —correos, notas internas, actas— será determinante para dirimir quién supo qué y cuándo.
Un caso que trasciende al expediente
Más allá de la batalla de fechas, el caso vuelve a interpelar a las instituciones eclesiales sobre mecanismos de detección temprana, obligación de denuncia incluso con la reticencia de la víctima y controles para impedir cualquier ejercicio ministerial de clérigos sancionados. La Orden insiste en que ha reforzado la prevención, pero la aparición de un contrarrelato —el de 2010— obliga a un esclarecimiento exhaustivo.
Por ahora, las posiciones están claras: Baltazar Sánchez afirma que avisó; la Orden replica que no y que actuó en cuanto recibió indicios sólidos en 2019; y la denuncia de Alcántara aporta elementos que sostienen esa segunda versión en lo temporal, a la vez que documenta una atención inicial por parte del entonces prepósito.
