Aragón recurrirá el real decreto de reparto de menores migrantes: "No tiene capacidad"
El Gobierno de Aragón ha decidido este miércoles, a propuesta de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, interponer un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto que regula la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas para derivarlos desde territorios saturados, como Canarias o Ceuta.
En la rueda de prensa tras la primera reunión del Consejo de Gobierno del curso político, la portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, aseguró que el sistema de reparto de estos menores "conculca principios tan importantes como la igualdad y la solidaridad", y se está aplicando "de forma totalmente forzosa, impuesto y sin tener en cuenta la capacidad de las comunidades autónomas".
Ha recalcado que "lo más importante" es que se pone "en riesgo" el bienestar de los menores al "tensionar" a las autonomías, lo que calificó como una "absoluta irresponsabilidad" del Gobierno de España.
"ARAGÓN NO TIENE CAPACIDAD"
Según la capacidad ordinaria recogida en la norma, Aragón podría recibir hasta 251 menores más, aunque la portavoz subrayó que no tienen "ninguna información" sobre cómo llegarán, qué edades tienen o sus circunstancias personales.
"Aragón no tiene capacidad para acoger dignamente a 251 menores y hacerlo con la absoluta falta de colaboración del Gobierno de España, que se está desentendiendo de la mayor crisis migratoria", señaló.
Añadió que "algunos pueden tener problemas de conducta, que no son iguales las necesidades de un menor de 14 años que las de uno de 16, o que incluso algunos llegan con discapacidad".
"Si presentamos el recurso es porque se trata de una imposición forzosa, una falta total de colaboración, sin tener en cuenta la falta de capacidad autonómica", reiteró, subrayando que esta forma de actuar "unilateralmente" genera "muchísima preocupación", también en las entidades encargadas del cuidado de los menores por la "falta de planificación".
Vaquero aclaró que el Gobierno de Aragón no es "insumiso" y que cumplirá la ley, aunque ello no le impide cuestionar un reparto en el que el interés del presidente Sánchez "prima por encima del interés superior del menor".
La Consejería de Bienestar Social y Familia continúa trabajando con las entidades locales en la acogida, pese a hacerlo "sin colaboración alguna" por la "deslealtad" del Gobierno de España.
Vaquero alertó de que "esto debería preocuparnos a todos y hacernos reflexionar sobre qué Gobierno de España tenemos: uno que está utilizando a menores en plena crisis migratoria, sin sensibilidad, sin solidaridad y sin dignidad, amparándose en un reparto con claros sesgos xenófobos".
En conclusión, afirmó que Sánchez utiliza a los menores "para mantenerse en la Moncloa", algo que lamentó porque "hablamos de personas, de menores usados como moneda de cambio, tensionando a las comunidades autónomas".
Según la vicepresidenta, el Ejecutivo de Sánchez "ha desnaturalizado y deshumanizado la realidad que hay detrás de cada uno de estos menores, tratándolos únicamente como moneda de cambio".
Por otra parte, rechazó recurrir a macrocentros para alojarlos porque "no es la solución" y supondría "hacinar" a los niños.
Asimismo, recordó que "el problema no solo es el lugar donde puedan estar", sino la necesidad de contratar profesionales que los atiendan.
Este recurso se suma a otros contenciosos ya presentados por el Gobierno de Aragón ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional contra el real decreto ley de marzo, a un recurso de inconstitucionalidad admitido en primavera y a otro contencioso en el Tribunal Supremo, cuya admisión fue comunicada en las últimas horas.
