Bruselas se lava las manos con el Clúster Maestrazgo: "No nos corresponde valorar las evaluaciones ambientales"
La Comisión Europea ha cerrado la puerta a investigar si las evaluaciones de impacto ambiental del Clúster Maestrazgo, el polémico proyecto eólico en la provincia de Teruel, se realizaron correctamente.
La respuesta del Ejecutivo comunitario, trasladada este miércoles ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, es clara: no le corresponde "entrar en el detalle" sobre si esos estudios "se han hecho de forma correcta o no". Las autoridades españolas son "las principales responsables" y los afectados disponen de vías judiciales y administrativas nacionales para reclamar.
Es una respuesta que la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, que llevó el caso hasta Bruselas, difícilmente interpretará como una victoria. La organización denunció ante el Parlamento Europeo que el Gobierno español había incumplido hasta cuatro directivas europeas de protección ambiental en la tramitación de proyectos de energías renovables en el Maestrazgo. La UE les devuelve el problema a casa.
Cuatro directivas denunciadas, una respuesta esquiva
La denuncia de la plataforma turolense apuntaba a incumplimientos en la aplicación de la directiva sobre evaluación de repercusiones de proyectos, la de evaluación de planes y programas en el medio ambiente, la de conservación de hábitats naturales y fauna y flora silvestres, y la que regula la conservación de las especies de aves en territorio europeo. Cuatro normas comunitarias que, a juicio de la organización, fueron ignoradas o aplicadas de forma insuficiente durante la tramitación del proyecto eólico del Maestrazgo.
La Comisión no ha negado que pueda haber problemas. Lo que ha dicho es que no le toca a ella resolverlos. La directiva de evaluación de impacto ambiental, argumentó el representante comunitario, "garantiza el acceso de los ciudadanos a vías de recurso, tanto por vía administrativa como judicial, para que se puedan contestar la legalidad de los estudios de evaluación de impacto ambiental y asegurarse de que se han cumplido los requisitos". En resumen: id a los tribunales españoles.
La Comisión añadió una puerta entornada: invitó a los peticionarios a utilizar esas vías nacionales "en caso de que dispongan de pruebas sólidas" que respalden sus denuncias. Una condición que, en la práctica, traslada toda la carga de la prueba a la plataforma turolense y a los procedimientos judiciales en España, algunos de los cuales ya están en marcha.
El PP incluye a Teresa Ribera en el debate
La sesión en el Parlamento Europeo no se limitó a la respuesta técnica de la Comisión. El eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez aprovechó su intervención para denunciar "la presunta trama de corrupción" en la evaluación ambiental del proyecto eólico, que según él "implicaría de forma directa al Ministerio para la Transición Ecológica" durante el periodo en que Teresa Ribera ocupó ese cargo. Ribera es actualmente vicepresidenta de la Comisión Europea, lo que añade una carga política evidente a cualquier debate sobre este asunto en sede comunitaria.
La parlamentaria socialista Sandra Gómez López reconoció que la petición plantea "preocupaciones legítimas sobre la evaluación ambiental", pero valoró positivamente que la respuesta de la Comisión dejara "poco margen en lo que corresponde a las autoridades nacionales", interpretando así la posición europea como un respaldo al principio de subsidiariedad.
El caso Maestrazgo, de vuelta a los tribunales españoles
La respuesta de Bruselas no cierra el caso del Clúster Maestrazgo, pero sí reencuadra claramente dónde se va a resolver. Los frentes judiciales abiertos en España son varios y con desarrollos recientes de calado.
El juzgado de instrucción número 1 de Teruel investiga el caso dentro del procedimiento conocido como caso Forestalia, y hace apenas días la Guardia Civil remitió al juez un informe de casi 20 páginas en el que el Seprona identificaba al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) como propietario actual de los 20 parques eólicos del proyecto.
Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón acaba de anular la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental del parque eólico Santos de la Piedra, en el municipio turolense de Pozondón, en una sentencia que el propio TSJA calificó como precedente relevante en materia de control judicial de proyectos energéticos.
Para la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, el camino que queda por recorrer es el que ya tenían: los tribunales españoles. Bruselas ha escuchado, ha tomado nota y ha señalado hacia Madrid.
